Competencia pública

La relación del poder político con la competencia es paradójica: el Estado es el mayor paladín de la defensa de la competencia, siempre que no sea él quien deba competir. Con antecedentes hasta en el Imperio Romano, la moderna legislación antitrust nace a finales del siglo XIX en Estados Unidos, ese supuesto paradigma liberal, y se extiende a gran velocidad, especialmente en las últimas décadas. No hay Estado que no tenga organismos que protegen la libre competencia, y en España hasta existen autoridades autonómicas que se ocupan del asunto, que naturalmente también es abordado en el plano de la Unión Europea.

Pero los políticos jamás quieren competir. En el caso de los impuestos, por ejemplo, ponen todo el énfasis posible en impedir la competencia. Así se entiende tanto la «lucha» contra los malvados paraísos fiscales, como el empeño en «armonizar» los impuestos dentro de los países y entre ellos también, no vaya a ser que los Estados se precipiten a una «competencia ruinosa a la baja». Ruinosa para ellos, claro, no para los contribuyentes. Para estos últimos se procura que los impuestos sean «armonizados». Al alza, naturalmente.

Hay, asimismo, una larga historia sobre cómo los políticos ayudan a algunas empresas privadas a vivir cómodamente, impidiendo la competencia. Lo he denunciado en estas páginas en el caso del gobierno de Cristina Cifuentes en Madrid a propósito de las bodas en los establecimientos rurales (http://bit.ly/2yjnZnN).

En las últimas semanas ha salido en la prensa económica de España una nueva jugarreta de las autoridades: utilizan sus privilegios para primar a empresas públicas en desmedro de empresas privadas españolas. Es el caso de Ineco. Según informó «El Economista», dicha ingeniería del Grupo Fomento, se ha impuesto en la fase final a varias empresas españolas por un contrato de aeropuertos en Colombia, lo que ha irritado a las ingenierías que subrayan que, para más inri, esto se produce «apenas unos días antes de presentar el Plan de Internacionalización para las empresas públicas que pretende, según ha presumido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, apoyar la expansión en el exterior de las empresas privadas españolas». Manuel González Moles, CEO de Consultores de Ingeniería UG21, que perdió dicho contrato debido a los favores que el Estado brinda a Ineco, escribió una carta al ministro de la Serna, y la difundió en las redes. Le cuenta que con gran esfuerzo afrontó la crisis económica, consiguió internacionalizar su compañía, sacarla adelante, y pagar sus impuestos: «Lo que jamás nos podíamos imaginar los empresarios es que esos impuestos iban a servir para crear, alimentar y fomentar empresas que, jugando con las cartas marcadas, nos iban a hacer competencia desleal».

Si el señor González Moles, y las demás empresas españolas de ingeniería, esperan que las autoridades de la competencia tomen cartas en el asunto, dada la evidente situación de desigualdad y privilegio que ostenta Ineco, pueden esperar sentados.