Cástor Díaz Barrado

Con Naciones Unidas

La situación en Siria es calamitosa y lo que está sucediendo supone, sin duda, una importante violación de derechos humanos. Hace tiempo que el régimen de Bashar al Asad debería haber iniciado el proceso de cambios en el país y no haberse encerrado en la espiral de violencia que sacude a Siria. El uso de armas químicas es deleznable y supone una flagrante violación de las más elementales normas internacionales. Es difícil que Siria encuentre ahora el camino de la reconciliación o, al menos, se hace muy difícil llegar a una situación de entendimiento entre las partes enfrentadas. Las heridas que ha causado y que está causando el conflicto sirio son muy profundas e, infortunadamente, sólo se vislumbra un futuro lleno de obstáculos.

La comunidad internacional tiene la obligación de reaccionar frente a lo que está sucediendo en este país y, sobre todo, tiene el deber de poner fin a las matanzas de civiles que se están produciendo y al continuo flujo de refugiados. Es preocupante que el conflicto sirio se prolongue en el tiempo y que cause tanto dolor y desesperación. Existen mecanismos que, conforme al derecho internacional, podrían poner fin a esta situación sin que se produjeran más desgarros en la sociedad internacional. La intención de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, entre otros, de proceder a una intervención armada en Siria no es descabellada y podría significar el principio del fin del conflicto. El empleo de la fuerza no está prohibido en todos los casos y las circunstancias que concurren en Siria definen aquellas situaciones en las que es posible recurrir a la fuerza en las relaciones internacionales. Pero es necesario que la acción armada, destinada a poner fin al conflicto y a evitar violaciones que rechaza, con rotundidad, el conjunto de estados, se lleve a cabo conforme al ordenamiento jurídico internacional. Se precisa una autorización del Consejo de Seguridad para que la acción se lleve a cabo. No se deben emprender acciones militares unilaterales ni tan siquiera bajo la cobertura de organizaciones internacionales como la OTAN sin la previa autorización de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad debe cumplir con los propósitos y los principios de Naciones Unidas y debe adoptar una resolución que permita el empleo de la fuerza. Nada mejor, ahora y para el futuro, que atenernos a la legalidad internacional. Rusia debería recapacitar y negociar con el resto de los miembros del Consejo de Seguridad una resolución que permita acabar con comportamientos que ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales.