José María Marco

Consenso sobre el aborto

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L as líneas generales de la nueva ley sobre interrupción del embarazo que anunció Ruiz-Gallardón aquí en LA RAZÓN podrían ser la ocasión de establecer un consenso sobre un asunto particularmente delicado. Decir esto parecerá un despropósito, pero esto refleja antes que nada la polarización que creó el anterior gobierno socialista. Ese consenso existía y lo estableció la sentencia de 1985, del Tribunal Constitucional, que el ministro de Justicia recordó en su exposición. El consenso sólo se rompió cuando el Gobierno decidió promulgar una nueva legislación en 2010. Como el PSOE sabía entonces y sabe ahora mismo, esa legislación es inaceptable para los votantes del Partido Popular y para una parte muy importante de la sociedad española.

El ejercicio de extremismo del PSOE no ha servido, políticamente, para nada. Volvió a dorar los blasones progresistas del socialismo español, pero la opinión pública no confunde las cosas y no ha identificado al PP con una posición radical. Tampoco la ha identificado –ni estaría bien dar pie a que lo hiciera– con la posición de la Iglesia católica, que mantiene una actitud de principios, ajena al enfrentamiento político. Y no ha servido para que el PSOE gane votos, a no ser en la franja más extrema de la izquierda, de esos que espantan a los que más cuesta ganar, que son los de centro.

Por su parte, los efectos sociales de la ley de 2010 están siendo dramáticos. Como era de esperar, han aumentado los abortos, en particular entre las mujeres más jóvenes. En vez de fomentar la responsabilidad y la humanización de la sociedad, la actual legislación promueve la indiferencia y la brutalidad: la violencia empieza en cuanto pensamos que podemos actuar como si estuviéramos solos en el mundo y que nada de lo que ocurre alrededor –en este caso en el propio cuerpo, lo que resulta asombroso– nos afecta. Por si fuera poco, los partidos con aspiraciones de gobierno deberían esforzarse por fomentar la natalidad y la población, que es la fuente de la riqueza, y no al revés.

En cualquier caso, el Gobierno se ha comprometido a sacar adelante una legislación distinta y a restaurar y mejorar en lo posible el consenso del año 85, en particular en lo que se refiere al control de los supuestos en los que se admite la interrupción del embarazo. No estaría de más facilitar la adopción. En este asunto más que en ningún otro, el PP tiene interés en dejar bien claro que él es el partido del consenso.