José María Marco
Cospedal
El sistema político español requiere un liderazgo especial en el nivel autonómico, que es donde se juega buena parte de la gestión de los asuntos públicos. Aquí es donde está la mayor parte del gasto de la Administración, del empleo público y aquí es donde se toman muchas de las medidas que acaban afectando no ya a las personas que viven en una u otra comunidad autónoma, sino al conjunto de los españoles. Como ha demostrado el asunto de la nota mínima exigida para las becas universitarias, las autonomías tienen capacidad para cambiar la política nacional en función de sus propios intereses o de los compromisos de quienes las gobiernan. Por eso es tan importante que en las comunidades hayan surgido y se vayan consolidando dirigentes que tienen la voluntad de poner en marcha las reformas ignoradas antes de la crisis y luego tanto tiempo postergadas. María Luis Rudi en Aragón, Alberto Núñez Feijóo en Galicia, Alberto Fabra en Valencia o José Ramón Bauzá en Baleares resultan ejemplares. María Dolores de Cospedal, que ayer ocupó la tribuna en LA RAZÓN, ofrece características especiales. Cospedal tenía que rescatar a Castilla-La Mancha de casi treinta años de gobierno socialista, con un déficit insostenible y una administración sobredimensionada y caciquil. Ha procedido a un recorte espectacular del primero y a una reestructuración de la segunda que colocan a la región entre las mejor situadas para la salida de la crisis. Y lo ha hecho, además, sin que la oposición, que ha sido más dura de lo que parece, haya logrado acaparar la atención. El secreto, seguramente, está en el cumplimiento del contenido del programa y en la lealtad a la nación y al gobierno central. Lo primero es básico a la hora de defender y profundizar la democracia, en particular en un sistema tan descentralizado, prácticamente federal, como el nuestro: la autonomía es donde se va a requerir más exigencia y más control. La lealtad, por su parte, es la clave de la gobernación de España. Probablemente por todo esto Cospedal ejerce también de secretaria general del Partido Popular, un doble mandato que no ha dejado de suscitar polémicas. En nuestro país la vía de las reformas no pasa por una recentralización, imposible en cualquier caso. Requiere que se asuma de buena fe y hasta las últimas consecuencias, con total seriedad, el modelo actual. Desde esta perspectiva, el PP está a años luz, en cuanto a auténtica descentralización, de las políticas caciquiles y nacionalistas practicadas por el PSOE.
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