¿Criminales al poder?

Oriol Junqueras, cabecilla de la insurrección, y sus consejeros están dispuestos a renunciar a lo que sea con tal de que el juez los suelte. A regañadientes, para salvar la cara, le dicen por escrito que acatan lo del 155 y que no volverán a declarar por su cuenta y riesgo la independencia de Cataluña, aunque, por supuesto, seguirán siendo independentistas. Sólo cambia el método de actuación porque a la fuerza ahorcan. Quien más, quien menos, todo el mundo sospecha que el comprensivo juez del Tribunal Supremo los pondrá en la calle para que hagan libremente campaña entre las aclamaciones de los suyos. O sea que Llarena les allanará el camino hacia la efímera gloria. Los que han empapelado los pueblos y ciudades con los carteles de «presos políticos» cantarán victoria y tomarán impulso. Ahora sólo falta que los fugados, con el pintoresco Puigdemont a la cabeza, se presenten en Madrid en vísperas de las elecciones, inopinadamente, se entreguen voluntariamente y suplanten en la cárcel el día de las elecciones a los liberados. Sería un gran golpe de efecto para alterar del todo la peculiar campaña. Por cierto, sería interesante conocer qué bancos financian, después de todo lo que ha pasado, esta campaña de los soberanistas.

Tanto los huidos de la Justicia como los que seguramente pondrá la Justicia en libertad provisional un día de estos están acusados de gravísimos delitos, como se sabe. Nada menos que de rebelión, sedición y malversación. En la calle se les acusa de golpistas, de traidores, de crímenes de lesa patria o de leso pueblo y de haber provocado con su comportamiento delictivo, quebrantando abiertamente las leyes, enormes daños económicos y sociales a la comunidad. Como presuntos criminales tendrán que sentarse un día, se supone que no muy tarde, en el banquillo de los acusados. Lo que no deja de llamar la atención a la gente de la calle, poco versada en leyes, es que el Tribunal Supremo no pueda inhabilitar preventivamente para cualquier cargo público a unos presuntos delincuentes como estos que, dadas las acusaciones que pesan sobre ellos, tienen todas las papeletas para acabar con sus huesos en la cárcel durante una larga temporada. Pero así son las cosas. Los supuestos criminales pueden convertirse en representantes del pueblo y encaramarse de nuevo al poder, al frente de la Generalidad de Cataluña conforme al Estatuto que ellos han tratado de destruir. Para que luego diga el tarambana de Bruselas y otros cantamañanas que en España no funciona el Estado de Derecho.