Cuestión de responsabilidad

El Gobierno de Rajoy acierta de lleno al coger por los cuernos una de las reformas más importantes pendientes, la de la Administración. Por tanto, hay que aplaudir el gesto después de 35 años del constante engorde de todas ellas –local, provincial y autonómica– que ha sido, además, una de las causas principales que las han llevado a la ruina financiera. La rebaja de cargos públicos, incluidos electos, era imprescindible. Cuestión de responsabilidad. Una remodelación de semejante entramado como el del Estado, mastodóntico donde los haya, no puede dejar satisfechos a todos, pero reconozcamos que, al menos teóricamente, los baremos establecidos responden al principio de la racionalidad. En alguna parte hay que marcar la frontera, que es lo que ha hecho el Gobierno: afrontar un asunto de trascendencia y reestructurarlo. Es lógico que la alcaldesa de Valencia no vea con buenos ojos una rebaja respecto a Madrid y Barcelona, el de Zaragoza respecto a Valencia etc. Si ése es un punto sensible, más lo es el salarial, partiendo de la base que determinados cargos no están remunerados como en una empresa privada con responsabilidades similares. Ahora bien, igual que es cierto que el político con obligaciones importantes no está bien pagado, no lo es menos que muchos de ellos están sobrevalorados en su remuneración. No es lo mismo un político que accede al cargo desde una profesión en la que su valía está demostrada, que otro procedente de la militancia juvenil, cuyo primer empleo, da igual el que sea, está muy por encima de sus iguales que se incorporan al mercado laboral. Con un agravante más, la política es la única profesión compuesta por personas que reclaman continuidad a perpetuidad. Así es la vida.