Ángela Vallvey
Diferencia
Tengo un amigo escritor que lleva tiempo haciendo «bolos», esto es: dando conferencias por toda la geografía española. Es un buen profesional, de enorme talento y brillantez. Trabaja mucho, pero lo hace gratis. Se consuela pensando que su esfuerzo sirve para fomentar la lectura, y con suerte alguna «venta» de sus propios libros, ya que mi amigo tiene el gran defecto de tener una familia con dos hijos que han adquirido desde muy pequeños la malísima costumbre de comer a diario. Quizás obtenga algún beneficio a la larga. Por ahora, ha logrado un gran estrés que le ha propiciado la aparición de una infección ocular crónica. Hace semanas se comprometió a dar unas conferencias en una ciudad de difícil acceso. Se le ocurrió ir en su propio coche: 600 kilómetros de ida desde su domicilio y otros tantos de vuelta. Sus anfitriones –la delegación de cultura de una administración autonómica– aceptaron pagarle 100 euros por gasto de gasolina. Él, a cambio, pronunciaría dos conferencias en un día (para ahorrase la noche de hotel), una charla en un instituto y una firma de libros en la feria local correspondiente. Mi amigo me contó, apesadumbrado, que para cobrar los 100 euros le exigieron enviar con antelación seis documentos: copia del DNI, certificado bancario de cuenta corriente, copia de un recibo domiciliado en su cuenta (de luz, gas... etc., a su nombre), certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, certificado de la Seguridad Social, un recibí firmado... Mi amigo se congratuló de que no le exigieran también el certificado de antecedentes penales de su abuelo, porque el hombre (ya difunto) era extranjero, francés creo, y vaya usted a saber... Y todo esto, comparen, en un país donde los corruptos roban cientos, miles de millones (de euros) sin que nadie les pida el menor requisito, aunque fuera de oficio, sin tropezar con ningún obstáculo «legal», o burocrático, que entorpezca mínimamente el saqueo de las arcas públicas. Es como si las personas decentes, las contribuyentes, las que se ven obligadas incluso a trabajar gratis (o les cuesta dinero hacerlo), fuesen sometidas a un súper control administrativo humillante, opresor, que las empobrece y dificulta su capacidad de ganarse la vida, mientras los megachorizos cantimpalos no tienen inspección ni vigilancia institucional, pública, y llegado el caso incluso pueden dictar leyes a su medida que les faciliten la depredación del erario público.
Y, nada. Que así vamos...
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