Cástor Díaz Barrado
Discriminación insoportable
La situación en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares del planeta supone la violación de derechos fundamentales y no se debe tolerar que los gobiernos y las sociedades de esos países lleven a cabo políticas discriminatorias en perjuicio de sus derechos. La búsqueda de la igualdad en derechos es la única solución y está claro que en muchos países, sobre todo del ámbito occidental, se ha avanzado decisivamente en esta dirección, aunque aún falte mucha labor por realizar. Sin embargo, la situación en algunos países es desoladora. La prohibición de que las mujeres puedan conducir vehículos en Arabia Saudí es la manifestación de la profunda discriminación a las que están sometidas las mujeres en ese país que, al mismo tiempo, se ven obligadas a contar con permisos de sus maridos para viajar al extranjero o realizar operaciones bancarias. Nada de esto es aceptable en la sociedad internacional del siglo XXI y menos aún porque supone una clara violación de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. Se debe producir un cambio en la mentalidad de esos países por parte de la sociedad pero la responsabilidad de esos cambios, rápidos y sin dilaciones, debe recaer sobre los gobiernos. La comunidad internacional no debe observar indiferente que se discrimine a los seres humanos y que no se cumplan los principios y normas que inspiran el conjunto del ordenamiento jurídico internacional. La discriminación que sufren las mujeres es por sí sola un atentando a los componentes básicos que regulan las relaciones internacionales en las que individuo ha llegado a alcanzar un cierto grado de personalidad jurídica internacional. Ni un minuto más las mujeres en Arabia Saudí deben ser privadas de sus derechos y se necesita para ello una acción muy decidida del conjunto de los Estados que conforman la comunidad internacional. La defensa de los intereses económicos y políticos no debe ser un obstáculo para exigir que cambien las normas en ese país. Nada de ello es una injerencia en los asuntos internos puesto que el reconocimiento y la protección de los Derechos Humanos interesan al conjunto de la comunidad internacional. El cambio debe producirse en la normativa de cada uno de esos países, que ha de estar por encima de los usos y costumbres locales. Reconocer y proteger los derechos que les corresponden a las mujeres es una labor que deben llevar a cabo cada uno de los estados pero, también, es una exigencia que debe hacer efectiva la comunidad internacional.
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