El difícil dilema

Cuando se gobierna hay que tomar decisiones difíciles e incluso impopulares, porque no se puede contentar a todo el mundo. Desde la Transición hasta hoy, las relaciones con el nacionalismo catalán se han sustentado en las cesiones con la esperanza de lograr su plena integración. Es cierto que CiU ha contribuido a la gobernabilidad, pero nunca ha sido un gesto gratuito sino que siempre se ha traducido en cesión de competencias, inversiones o mejoras en la financiación. No hay que olvidar que el fin último de un nacionalista es conseguir la independencia de su «nación». Por tanto, el marco constitucional nunca será suficiente y ninguna cesión hará otra cosa que aplacar temporalmente su sentimiento independentista. Es algo con lo que tenemos que coexistir, pero que es fundamental no perder de vista. No hay que olvidar que no quieren ni federalismo ni autonomía, sino modelos confederales o ser un Estado libre asociado, que fue la fórmula transitoria que se utilizó en Irlanda hasta alcanzar la independencia.

El nacionalismo ha sido y será un factor distorsionador que no tienen otros estados compuestos como Alemania o Estados Unidos. La razón es que necesitan someter a fuertes tensiones a las instituciones para conseguir sus fines. Es cierto que la mayoría absoluta de Rajoy le permite afrontar la legislatura de la crisis con tranquilidad parlamentaria, pero CiU ha llevado el conflicto al territorio catalán con un pulso de consecuencias imprevisibles. Hay tres formas de hacer frente a este escenario. Una sería castigar a Cataluña y, con ella, a todos los catalanes, sean o no nacionalistas, con el déficit y llevar el conflicto a un choque de trenes. Los radicales de uno y otro lado quieren esa solución. Otra sería ignorar el pasado y seguir con las cesiones, lo cual sería un despropósito. Finalmente, existe la opción de resolver el problema del déficit e impedir el colapso de Cataluña, pero teniendo claro que no se puede hacer frente al desafío independentista con un lirio en la mano. Estamos ante uno de los pocos temas en los que es necesario un gran pacto de Estado con el PSOE que devuelva al nacionalismo catalán a la posición minoritaria que tendría que tener y que las cesiones permanentes han ido engordando desde las primeras elecciones autonómicas de 1980. No se trata de reducir o ceder competencias, sino de tener un plan, que nadie ha tenido, para consolidar la España constitucional y hacer que la gran mayoría de los catalanes se sientan cómodos.