El Estado toma el mando

Aunque les preocupa el impacto de los recortes y de las medidas de ahorro en medicamentos, el principal quebradero de cabeza para los directivos de los laboratorios que trabajan en España es la falta de un horizonte de estabilidad a la hora de planificar la actividad de sus empresas. En los últimos años, los sobresaltos han sido continuos y, generalmente, de procedencia autonómica. Semanas después de que una comunidad lanzara su particular ocurrencia para recabar ahorros con los que cuadrar sus cuentas, otra aprobaba una norma disparatada que obligaba a retocar la estrategia empresarial sobre la marcha. Más de un directivo confiesa que cuando explica en su casa matriz los vericuetos de la política sanitaria autonómica, el CEO de la empresa le mira siempre incrédulo, como si le estuviera engañando. Es sabido que a las empresas no les gustan los sobresaltos. Por eso, en Suiza, EE UU o Alemania preocupa enormemente la deriva sanitaria de las comunidades en España y la aparente inactividad que ha mostrado hasta ahora la autoridad central para fijar unas reglas de juego que, aunque sean duras, permitan a los actores sanitarios predecir el escenario en el que se van a mover. Afortunadamente, la situación parece que va a cambiar. El Gobierno ha tomado cartas en el asunto y tiene previsto introducir cambios drásticos y coherentes a través de la llamada Ley del Medicamento. La reforma era demandada desde tiempos inmemoriales y, si finalmente cuaja, impedirá por ejemplo que los consejeros aprueben por su cuenta más «cataloguiños», subastazos, euros por receta y, de forma probable, algorritmos limitadores de la prescripción. La filosofía es la siguiente: el Estado se plantea recuperar las competencias plenas en materia de ahorro farmacéutico, perdidas por la fuerza de los hechos y los resquicios legales durante los últimos años. El motivo es la desigualdad que algunas medidas autonómicas han creado para los pacientes afectados. Ya era hora.