El poder del dinero

Se trata de tirar del hilo del dinero. Es la operación que está en marcha. Montoro manda. ¿Cómo se ha financiado el movimiento secesionista catalán, conocido por el «procés»? Nadie duda de que el coste, con la tupida red de ramificaciones hacia dentro y hacia fuera, ha sido muy elevado. ¿De dónde ha salido el dinero? ¿Cómo se han financiado los dos frustrados referendums ilegales, las gigantescas movilizaciones de las últimas Diadas y todo el aparato de propaganda en las redes sociales con conexiones y «chiringuitos» exteriores? ¿Quién nutre la rumbosa actividad del Ómnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana y la Asociación de Municipios Independentistas, los conocidos alcaldes de la vara? Parece que se analizarán también con lupa las subvenciones y contratos de la Generalitat a medios de comunicación y empresarios adictos como Oriol Soler, considerado el cerebro en la sombra del proceso independentista y que acaba de visitar al cibernauta Julián Assange (Wikileaks) durante cuatro horas en su retiro de Londres, un encuentro sospechoso que no ha contribuido precisamente a mejorar la imagen del nacionalismo catalán en Washington ni en las cancillerías europeas. Habrá que aclarar también si a Assange se le pagan los ingentes servicios prestados a la causa separatista con algo más que una butifarra y una botella de vino australiano-catalán. Y también se analizará si ha corrido el dinero hacia otras terminales de la desinformación. Aquí el CNI tiene trabajo.

Por la cuenta que les tenía, los responsables del «procés», que hasta el último momento han hecho gala de astucia para ocultar las pruebas del delito, han procurado tapar o difuminar las huellas del dinero, lo que dificulta la investigación en marcha; pero la pista del dinero, un dinero que era de todos, es la forma más segura de hacer justicia en este caso y de impedir que se repita. Alguien tiene que pagar los platos rotos de la fiesta. En realidad, los secesionistas de Cataluña han roto mucho más que la vajilla dorada de los días de fiesta. Es natural que a muchos de los encausados –ahí está el caso del pobre Artur Mas mendigando por las esquinas para llevar el dinero al Tribunal de Cuentas– les preocupe más la cartera que la cárcel. El delito de malversación de caudales públicos, además de los años de reclusión que corresponda, obliga a devolver lo malversado, a costa de la hacienda familiar. El fracaso de esta aventura política atolondrada, que tanto daño ha causado a Cataluña y de la que muchos de los cabecillas empiezan a estar arrepentidos, obliga, por razones de decencia, a levantar las alfombras de la Generalitat y sus organismos dependientes. Antes de las elecciones del 21 de diciembre deben quedar las cuentas claras, en manos de la Fiscalía y de la opinión pública. Remedando a Quevedo, el que pierde la honra por el negocio político, pierde el negocio y la honra.