El riesgo para Rivera de personalizar la oferta

Albert Rivera no sopesó en profundidad los pros y contras de su nuevo ultimátum al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Tras retirarle su apoyo poco antes de que acudiese a declarar por el «caso Auditorio», Cs dio al dirigente popular hasta el 27 de marzo para dimitir o convocar elecciones. De no aceptar ninguna de las dos opciones, los «naranjas» apoyarían una moción de censura «finalista»: según Rivera, que «dé la palabra a los murcianos». «O candidato alternativo o elecciones», amenazó en rueda de prensa en Madrid. Pero a la hora de su comparecencia en el Congreso –13 horas del pasado miércoles– Rivera desconocía la rotundidad de PSOE y Podemos en sus exigencias para formar un «tripartito» en la región que agotase la legislatura.

Tampoco pareció algo muy recapacitado confiar en que una eventual desimputación de Sánchez devolvería todo a la normalidad. Y sin ningún coste para sus siglas. Porque el epíteto de «socio poco fiable» que se ha ganado Cs no es una buena tarjeta de presentación. Aunque tal vez Rivera lo dé por descontado. De hecho, él mismo es el artífice de una carrera de descalificaciones al PP, una vez que sus estrategas lo han fijado como el principal rival a batir. El penúltimo alarde ha sido la pretensión de que el Partido Popular se someta gustoso a un juicio político en una comisión de investigación en el Congreso. Cs, «socio preferencial» de Rajoy, comandaba así una ruidosa operación a la que naturalmente se sumaron encantados PSOE y Podemos.

Lejos queda ya el encuentro, hace dos semanas, de los dirigentes naranjas Juan Carlos Girauta e Ignacio Prendes con Rafael Hernando y José Antonio Bermúdez de Castro en el despacho del portavoz del PP, para salvar otro momento tenso. Durante la reunión, según cuentan, Bermúdez de Castro, experto constitucionalista, rechazó sin miramientos la «ocurrencia» de Prendes de que para limitar los mandatos de un presidente es suficiente incluirlo en la Ley de Gobierno. La estupefacción de los diputados populares por el desconocimiento de sus interlocutores –apuntan fuentes del PP– «fue morrocotuda», si bien acabaron convenciéndoles de la necesidad de reformar la Constitución para llevar a cabo tales planes. Al menos, unos y otros abandonaron moderadamente satisfechos la cita en la segunda planta del número 40 de la Carrera de San Jerónimo. Y no solamente eso: los de Rivera aceptaron derivar a subcomisión debates como el de la eliminación de los aforamientos, sin embargo, este pasado viernes, cruzando todas las líneas rojas que se había marcado Ciudadanos, se sentaron a negociar con los de Pablo Iglesias medidas que implican reformar la Carta Magna.

Quizá deba ser así la relación entre el Partido Popular y Ciudadanos a partir de ahora, por más que los populares anden calentitos con el gusto de su «aliado» por distanciarse del Gobierno para aumentar su potencial bolsa de votantes. Tanto es así, que a Hernando le salió del alma tachar de «gesto de hostilidad» y «deslealtad» los órdagos de Rivera en el Congreso y en Murcia. En la cúpula popular se afirma, cada vez con mayor disgusto, que el líder de Cs, en su estrategia de hostigamiento al PP, «es un preso» de medios de comunicación muy concretos. Así se asegura. Con todo, más allá de acaparar los focos, el impetuoso contraataque de Rivera parece responder a un Rajoy que, con sus tiempos, le va achicando el espacio. La entrada en el Gobierno les habría dado visibilidad y habría servido para exhibir capacidad política y de gestión. Por el contrario, su negativa a hacerlo dejó al presidente de Cs en terreno de nadie, donde la mejor arma para personalizar su oferta necesita proyectar mayorías alternativas. Eso sí, de la mano del PSOE y, ojo, de Podemos. Total, nada.