El valor de las farmacias

Los profesionales farmacéuticos tienen la responsabilidad de asesorar a los usuarios sobre el uso adecuado del fármaco y sus posibles efectos adversos. Esta responsabilidad unida a la independencia de los profesionales motivada, esta última, por el paralelismo existente entre farmacéutico y propietario de la farmacia, genera un beneficio no sólo a los consumidores de medicamentos sino también al Sistema Nacional de Salud y por lo tanto, a toda la sociedad en su conjunto, todo ello bajo el supuesto de la viabilidad económica de las empresas del sector bajo el marco regulatorio en el que desarrollan su actividad. Así, el consejo del farmacéutico mitiga los problemas de información asimétrica y añade valor al servicio de dispensación que llevan a cabo los profesionales ocupados en las oficinas de farmacia. Del mismo modo, contribuye a la contención del gasto sanitario ya que, por un lado, disuade el consumo excesivo de fármacos y permite un correcto uso de los mismos y, por otro lado, las distintas actuaciones sanitarias sustituyen, en algunos ámbitos, a los servicios prestados por el Sistema de Salud. Por último, evitan externalidades fundamentalmente derivadas de las campañas de prevención. La reducción de los márgenes el dilatado plazo de los pagos por parte de la Administración y la crisis económica, están acentuando los problemas de viabilidad de muchas de las oficinas de farmacia, arriesgando, por lo tanto, los beneficios que se desprenden de una reducción de dicha actividad. Las prestaciones públicas sanitarias que garantiza el SNS, extiende sus servicios a toda la población. La red de farmacias, forma parte de este sistema garantizando el acceso a los medicamentos en todo el territorio nacional. El número de farmacias que ofrecen sus servicios en el territorio nacional ha crecido de forma considerable en los últimos años, ya que existen más de 1.720 nuevas farmacias desde el año 2000 (lo que supone un crecimiento del 14%), aunque actualmente el ritmo de apertura se ha moderado. Actualmente el número total de farmacias es de más de 21.300. La ubicación geográfica de las farmacias constituye un factor fundamental que afecta a la calidad de vida de los ciudadanos. Esta decisión no siempre obedece a criterios de rentabilidad en la medida en que su establecimiento en zonas con una densidad de población minoritaria condiciona el volumen de ventas de la farmacia. Los servicios prestados por las farmacias en estos casos podrían catalogarse como «servicios de primera necesidad» ya que están garantizando el acceso a los medicamentos de población que habita zonas rurales, generalmente, de edad avanzada cuyas necesidades de acceso a los medicamentos son mayores y sus posibilidades de movilidad más reducidas. En este sentido, tan sólo el 1,1% de los municipios carecen de oficina de farmacia alguna. Por otro lado, más de 2.070 farmacias se encontraban distribuidas en municipios de menos de 1.000 habitantes. Los servicios que se prestan en las farmacias incluyen además del de la distribución y dispensación de medicamentos, como los asistenciales, los formativos, los de promoción de la salud y prevención de enfermedades, los servicios clínicos y de asesoramiento o los de la investigación. Muchas de estas actuaciones contribuyen, tal y como se ha mencionado con anterioridad, a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario en la medida en que, algunas de ellas, equivalen a los servicios médicos, de enfermería o, incluso de urgencias.

El resultado de las actuaciones sanitarias representa un ahorro de los costes al Sistema Sanitario en vista de que muchas de ellas supondrían la resolución de determinados problemas de salud evitando la derivación del paciente a alguna estructura del Sistema Sanitario. El informe cuantificó el número de actuaciones sanitarias en 182 millones al año lo que equivaldría a 9.184 actuaciones sanitarias por farmacia y año y a 4,2 actuaciones sanitarias por habitante al año. El marco en el que se desarrollan los servicios que prestan los servicios farmacéuticos presenta algunas particularidades. La regulación que afecta a la estructura del mercado o a la conducta de los actores que participan en él, pueden implicar determinadas barreras a la entrada al mercado. Así, se exigen determinados requerimientos educativos que obligan a los profesionales de la farmacia poseer educación universitaria que garantice la calidad de los servicios, el registro o la colegiación, la limitación del número de farmacia que pueden ser propiedad de un mismo profesional, o la prohibición de la integración horizontal o vertical, la limitación de apertura puede implicar problemas en la recuperación de los costes, o la exigencia sobre la presencia del farmacéutico durante toda la jornada de apertura puede dificultar la prestación de servicios en áreas remotas etc.

No obstante, el mayor problema al que se enfrentan las farmacias en la actualidad es importante presión a la baja de los márgenes comerciales a los que está sometiendo la Administración –ante la inminente necesidad de reducción del déficit público– y a la prolongación en los días medios de pago por parte de la misma –ante las limitaciones de acceso al crédito que existen en nuestra economía. Estos hechos, están poniendo en peligro la supervivencia de muchas de las oficinas de farmacia y los beneficios para la sociedad que se derivan de una eficiente y nutrida red de oficinas con las que cuenta nuestro país.

La escasez de recursos financieros, por su parte, está retrasando los pagos por parte de la Administración. A pesar de la regularización que se realizó hasta 2011 por la Ley de Pago a Proveedores. Todo ello, está poniendo en riesgo la viabilidad de la farmacia.