Empresa y Constitución

En este aniversario del referéndum constitucional que aprobó la norma marco de nuestra convivencia, me gustaría referirme a un aspecto insuficientemente subrayado: el reconocimiento de la libertad de empresa. Las organizaciones empresariales tenemos en nuestro objeto fundacional la defensa de dicha libertad, reconocida en el artículo 38 del texto constitucional, puesto que es la piedra angular de la economía de mercado, donde se desenvuelve nuestra actividad empresarial y se fomenta el crecimiento económico. Como señalé en la última asamblea de CEIM, sin los empresarios no hay generación de riqueza, no hay futuro. Simplemente porque sin los empresarios no hay empleo.

Afortunadamente, España se ubica entre las economías de mercado, lo que por definición exige el libre desarrollo de la competencia entre empresas, en una economía regida por el intercambio y los precios en condiciones de igualdad. Nuestra incorporación a la Unión Europea ha fortalecido la amplitud de la libertad de empresa, ya que ha configurado la libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios como pilares esenciales. Me interesa dejar claro que el contenido esencial de la libertad de empresa, infranqueable, por tanto, para el legislador (también autonómico), implica que no se marginen iniciativas empresariales por motivos políticos y que se respete un margen suficiente de autonomía de dirección para el empresario, sin la cual no sería empresa privada, sino pública. En cuanto a esta última característica, parece olvidarse a veces que entre las funciones esenciales del ordenamiento jurídico laboral no sólo figura la protección de los trabajadores, sino también el reconocimiento de importantes esferas de protección del empresario frente al posible abuso de otros derechos, particularmente el de huelga. Por ello, el poder público no puede quedar al margen de la economía cuando la libertad de empresa o la misma economía de mercado se encuentren menoscabadas por acciones ilegales. De hecho, la propia Constitución, en su artículo 128, reconoce importantes competencias a la Administración en el mercado, para fomentar la competencia y evitar concentraciones de empresas que impidan la libre competencia empresarial, menoscaben la productividad y perjudiquen la opción de elegir del consumidor.

Por ello es plausible la decisión del Ejecutivo de promover una ley de servicios mínimos que ampare a los ciudadanos, a los trabajadores y a los empresarios frente a quienes realizan huelgas políticas o claramente ilegales. Obviamente dicha reforma ha de realizarse en el exitoso modelo de diálogo social, ya que también nuestra Constitución reconoce el relevante papel de las asociaciones empresariales para la defensa y promoción de nuestros intereses económicos y sociales (artículo 7), lo que encuentra su concreción en el reconocimiento de la negociación colectiva como fuente del Derecho (artículo 37) y en la participación en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general (artículo 129).

Pero nuestro reconocimiento constitucional no debe sumirnos en una actitud acomodada. Todo lo contrario. Supone una responsabilidad y soy firme defensor de que las organizaciones empresariales y sindicales hemos de adaptarnos a los tiempos, fomentando la innovación, la transparencia, la democracia interna y la lealtad institucional, pero sin abandonar nuestros referentes y valores. Uno de esos valores que nos caracterizan es y será, para nosotros, la existencia de una competencia efectiva entre las empresas, que se traduce para el consumidor en mejores precios o aumento de la calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad. En este sentido, con la colaboración de CEIM y la Cámara de Comercio, la Comunidad de Madrid y la mayoría de los ayuntamientos madrileños –particularmente el de la capital de España– han sabido poner en marcha numerosas políticas públicas de apoyo al emprendimiento. Si algo ha demostrado la crisis económica que padecemos es que el trabajo por cuenta ajena no es más seguro que la vía del emprendimiento. Amparados en el texto constitucional, cada vez más españoles emprenden esa maravillosa aventura de poner en marcha una empresa, muchos de ellos jóvenes que tienen la mejor formación, mucha ilusión y gran capacidad de esfuerzo.

Ser empresario es una actitud permanente de desafío, curiosidad, innovación y responsabilidad. Sinceramente pienso que la empresa tiene una vocación que trasciende la rentabilidad económica. De hecho, dar empleo, ver crecer una iniciativa económica y satisfacer a los clientes son estímulos suficientes para afrontar cada día de trabajo utilizando la libertad de empresa que la Constitución nos reconoce. No hay que buscar fórmulas mágicas, obcecarse en utopías o simplemente estancarse en la inacción y el subsidio. Nuestro país sólo saldrá adelante con el esfuerzo de todos los españoles, con la ilusión de los empresarios y con el compromiso de los ciudadanos.