Fracaso tras fracaso

El presidente Carles Puigdemont, catalán y español por más que pretenda negarlo, no gana para disgustos desde que optó por la radicalización y la ilegalidad. A las deserciones de su propio Gobierno y de su partido, se suma ahora el fracaso de su proyecto de implicar a las empresas públicas en un pacto con la neonata Hacienda autonómica, con visos de aborto. Tan sólo 50 de las 150 existentes sociedades que componen el entramado de la Generalitat catalana, eso que son públicas, han firmado un convenio con la citada Agencia Tributaria, como escribía hace unos días en estas páginas mi admirado Toni Bolaño.

La pregunta automática de mi amigo Rogelio era evidente: si no se apuntan sus propias empresas ¿cuáles lo van a hacer sabiendo que constituye una flagrante ilegalidad? ¿Cuándo –ya son dos pregunta– se va a dar cuenta Puigdemont de que su camino sólo conlleva perjuicios, para su Comunidad y también para España? Como dice mi amigo, si André Breton se encontrara en medio de este esperpento «se volvería gilipollas», palabra por cierto que se encuentra en el diccionario RAE.

A pesar de todos los varapalos, el presidente catalán sigue en sus trece. No se apea del burro. Al contrario, por la linde. A pesar de que la realidad, dato a dato, demuestra que no es oro separatista todo lo que el percibe relucir en aquella sociedad. Su tendencia es a la baja. Políticos, empresarios, encuestas presagian un disgusto tras otro.

Sólo le faltaba ahora la turismofobia par aislarse definitivamente del mundo exterior. Y él coaligándose con la CUP como si le fuera a conducir a los objetivos tradicionales de CiU. Así es la vida.