Historia de un ridículo

El 6 de noviembre de 2012 empezó el calvario para la Generalitat. La historia de un sonoro ridículo. Ese día, el gobierno saliente de Artur Mas privatizaba Aguas Ter-Llobregat –ATLL–, la empresa del servicio de abastecimiento de agua en alta, que quedaba en manos de Acciona. El nuevo gobierno tomaba posesión días después y la empresa presidida por José Manuel Entrecanales se hacía cargo de la concesión previo pago de 298 millones. El anticipo de los 1000 millones por la concesión de 50 años sirvió a la Generalitat para aliviar su déficit en 5 décimas. Todos eran felices y comían perdices.

Duró poco. La Oficina de Recursos Contractuales de Catalunya –OARCC– recibió las protestas de la otra empresa que optaba a la adjudicación. Agbar consideraba que la privatización no se ajustaba a derecho. La OARCC, a pesar de depender del propio presidente de la Generalitat, le dio la razón y anuló la adjudicación. El 11 de enero de 2013, el gobierno catalán acudió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para litigar contra sí mismo. Hoy, el TSJC ha sido contundente: la Generalitat debe anular la mayor privatización de su historia.

Como reza el dicho, las cosas cuando se hacen mal siempre pueden ir a peor. Hoy, el gobierno catalán ha puesto en evidencia su ridículo. Ha litigado consigo mismo y ha perdido aunque todavía le queda el recurso al Supremo. El propio Artur Mas montó un viajecito a Brasil hace escasos días para intentar calmar al banco brasileño BTG Pactual, socio de Acciona en la operación. Estuvo una semanita por el país de Neymar y Pelé. Jugó a fútbol en Maracaná y se reunió con los responsables del Banco. Seguro que el presidente catalán les dio garantías suficientes para tranquilizarlos. Para asegurarles que su inversión era segura. Hoy, estos responsables deben estar atónitos. Acciona ha comunicado a la CNMV que va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Lo ha hecho con celeridad. La misma que ha brillado por su ausencia para pagar los 40 millones en impuestos que debería haber ingresado en las arcas de la Generalitat por la privatización de ATLL. Acciona no ha pagado –seguramente han estado acertados a la vista de los acontecimientos- pero, lo más curioso y sorprendente, es que el gobierno de Mas tampoco se los ha reclamado, y eso que no está sobrado de recursos. Están tan ocupados en cosas de tanta enjundia que se olvidan de las cosas mundanas.