Instituciones y recursos

La riqueza de las naciones, dijo Adam Smith en su célebre tratado del mismo título, no depende de los recursos naturales, sino del trabajo humano. Y, a su vez, la productividad de este trabajo depende de la existencia de un marco institucional de paz, justicia y libertad. Presente dicho marco, concluía el filósofo y economista escocés del siglo XVIII, la propensión de los seres humanos a mejorar su propia condición dará como resultado la bonanza individual y colectiva. Sin embargo, ausente dicho marco, no habrá ni esfuerzo humano ni tesoros naturales que puedan traducirse en opulencia social.

Esto no quiere decir que la naturaleza no importe, al contrario: bien lo saben los noruegos, que vieron cómo aumentaba su bienestar con la explotación del petróleo del Mar del Norte. La existencia de vías navegables en Europa, por remontarnos a un pasado mucho más lejano, es una explicación de su secular prosperidad con respecto a otras regiones del planeta.

Pero la misma naturaleza puede coincidir con las mismas naciones que se enriquecen y luego se empobrecen a lo largo del tiempo, o viceversa, como ha sucedido con mis dos patrias, Argentina y España. Es lógico que los desastres institucionales de la España de los años 30 y 40 hayan reducido el PIB, igual que los aciertos de la Argentina de finales del siglo XIX y comienzos del XX la hayan catapultado desde unos orígenes modestos hasta ser uno de los países con mejores posibilidades del planeta...posibilidades que se frustraron, pero no por culpa de la inocente pampa, desde luego.

Todo esto no sólo tiene que ver con la bonanza de los habitantes de cada país, sino también con la rentabilidad de las inversiones que realizan en otros países. En efecto, las empresas españolas han sufrido la inseguridad jurídica de sus negocios en la América Latina más afectada por el populismo, como la Venezuela bolivariana, la Bolivia de Evo Morales y la Argentina de la dinastía Kirchner. Esta misma semana hemos visto a Leche Pascual abandonar Venezuela ante la penosa política económica del régimen de Maduro; la devaluación del bolívar también ha ocasionado graves perjuicios a Telefónica. Y aunque Repsol finalmente consiguió reparaciones del régimen kirchnerista por la inicua expropiación de YPF, las dificultades para la repatriación de dividendos han dañado a numerosas empresas españolas allí, algunas de las cuales, como Aguas de Barcelona, también se vieran forzadas a abandonar hace unos años.

Los ejemplos podrían multiplicarse, pero la lección es siempre la misma: la seguridad jurídica no es un accesorio para el desarrollo económico, sino que es una de sus claves más fundamentales. Si falta, ello repercute negativamente en todas las partes interesadas, y en el caso de las inversiones extranjeras, daña tanto a los países emisores de las inversiones como a los receptores de las mismas. Puede, eso sí, beneficiar a las minorías ocupantes y cómplices del poder, lo que suele suceder cuando no se deja funcionar al mercado, como denuncia la economía liberal desde Adam Smith.