Investigar los atentados de agosto

Tengo para mí que los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils pudieron evitarse y que la cadena de fallos en la seguridad preventiva, por una parte, y en el abordaje policial de los acontecimientos, por otra, coadyuvaron a su nefasto resultado: 16 muertos y 130 heridos, amén de unas cuantiosas pérdidas materiales y económicas, aún no valoradas. Quede claro que no atribuyo la responsabilidad penal de tales consecuencias a las fuerzas policiales –esencialmente los Mossos d’Esquadra–, pues es obvio que corresponden enteramente a los yihadistas que organizaron y ejecutaron las acciones terroristas; pero ello no obsta para que las deficiencias que les corresponden por su incompetencia profesional impliquen una obligación moral y política para responder de ellas. No olvidemos que los atentados de agosto tuvieron lugar después de quince años de éxitos policiales –atribuibles en casi todos los casos a los cuerpos de seguridad del Estado– y que, mientras en España se había logrado frustrar un amplio número de actuaciones de la yihad terrorista, en otros países europeos no ocurría lo mismo. Sólo por este motivo, seguramente, a día de hoy se seguiría hablando del asunto si no hubiese sido porque la vorágine independentista se lo llevó por delante, impidiendo un debate racional sobre tan enorme pérdida de seguridad para los españoles –y para quienes nos visitan, pues hubo víctimas de 34 nacionalidades– y sobre las maneras de restablecerla. De ahí que me parezca loable la iniciativa que ha tenido Ciudadanos para proponer una comisión parlamentaria que se ocupe de este tema, a la vez que considere incomprensible la posición del PP y del PSOE oponiéndose a ella aduciendo los unos que se trata de un asunto exclusivamente catalán y los otros que los temas de Estado no deben ser objeto de debate en el Congreso.

En otros países las cosas no son así. Recordemos como ejemplo a seguir la Comisión Nacional de Investigación sobre los ataques del 11-S en Estados Unidos, creada por el Congreso y el Presidente casi un año después de aquellos acontecimientos, cuyo informe destacó la descoordinación entre el FBI y la CIA como una de las razones que impidieron la prevención de los atentados. Además, el gobierno norteamericano dedicó una ingente cantidad de recursos para financiar las investigaciones académicas sobre el terrorismo, lo que dio lugar a una importante progresión en el conocimiento interdisciplinar de este fenómeno. Sabemos que en España se va por otro lado y que si no fuera por el esfuerzo personal de un cogollo de profesores universitarios, el país sería un auténtico erial en esta materia. Un solo ejemplo basta: nuestro «Plan Estatal de I+D+i, 2017-2020» no contiene ni una sola mención al terrorismo, a pesar, incluso, de que cuenta con un programa de «investigación orientada a los retos de la sociedad» y de que, entre éstos, se enuncia la «seguridad, protección y defensa». Puede parecer paradójico, pero no lo es, pues en estos asuntos nuestros políticos han preferido siempre el encubrimiento a la claridad.