La doble vara de medir

Al margen de los últimos acontecimientos ocurridos en el seno del PSOE, no cabe duda de que España requiere y necesita de amplios acuerdos políticos en muchas materias, y una de ellas es la Justicia. En este debate, lo primero que surge en la actualidad es la necesaria despolitización de la Justicia, máxima que engloba dos afirmaciones: primero que la Justicia está politizada y en segundo lugar que esto es negativo. Se dice que el poder político tiene mucha influencia en las designaciones de los altos cargos judiciales, comenzando por su órgano de gobierno, así como del alto tribunal de garantías. Esto provoca una imagen de politización, lo cual, sea o no verdad, tiene un segundo y perverso efecto negativo, y es que genera en la sociedad un cierto grado de desconfianza al suponer que las decisiones judiciales pueden verse afectadas. Como consecuencia de todo ello, estas decisiones carecerían de la necesaria legitimidad al poder están influenciados los magistrados por una suerte de falta de independencia y debida imparcialidad. Esto además se adereza con decisiones, en las que me he visto incurso, que se adoptan desde el mismo seno del Poder Judicial, consistentes en que cuando un juez ha sido promovido para altas responsabilidades judiciales, aunque sea mediante el cumplimiento de las reglas de juego legales e incluso constitucionales, queda manchado por el color del partido político proponente hasta el punto de entender que está comprometida su imparcialidad o la imagen de la misma. Eso sí, dependiendo del partido político proponente estás más o menos manchado: «lo que para unos es un honor, para otros es una deshonra». La tranquilidad es que en privado te dicen «nadie duda de tu imparcialidad y sé que hubieras adoptado un decisión justa», y mientras tanto quedas achicharrado, y pretendiendo evitar la prejuiciosa imagen política se agranda más la sensación de politización. La pregunta es ¿cómo hemos llegado a esto? Partíamos hace treinta años de una necesaria democratización de la Justicia con la defensa de la debida participación de los partidos políticos legitimados por su representación popular, en todo lo que se refería a la organización de la Justicia y especialmente la designación de los altos cargos judiciales, y hoy nos encontramos con el fenómeno inverso, tal cual es la despolitización de la Justicia, porque se entiende que todo aquello que manosean los políticos queda manchado; eso sí, unos más que otros por lo visto. El Poder Judicial es un órgano político en cuanto a su origen por ser parte de los poderes del Estado, pero su función no es política, sino jurisdiccional, estando sometido solo a la Ley. Pero a la hora de interpretar el término «democratización» o «despolitización» debemos separar el área política del Poder Judicial, que se circunscribe a su funcionamiento y organización interna, de su función institucional. Esperar un mundo menos político que justo es quizás la expresión sublime de una tautología, pero la necesaria reforma la han de hacer los políticos y no los jueces. La mejor forma de prestigiar la Justicia es administrar la Ley sin prejuicios ni sectarismos y, sobre todo, abandonando las dobles varas de medir.