La Ley 25 de Podemos: humo preelectoral

El próximo 13 de enero, Podemos presentará en el Congreso una proposición de ley conocida como «Primera Respuesta a la Emergencia Social» o Ley 25. En ella figurarán esencialmente tres propuestas para rescatar a los ciudadanos: la supresión de los copagos farmacéuticos, la prohibición del corte de la electricidad o el gas a las familias vulnerables y la reestructuración de la deuda familiar. Esta última es la medida estrella del paquete, pues canaliza una de las principales aspiraciones de los distintos movimientos activistas que han terminado confluyendo en Podemos. Y, sin embargo, también es la propuesta más propagandística y más vacía de todas.

Según la formación morada, resulta necesario impulsar una ley de segunda oportunidad que libere de las deudas pasadas a aquellas familias en situación de quiebra efectiva. Para ello, Podemos propone un procedimiento en dos fases: una primera etapa de conciliación entre el deudor y el acreedor para alcanzar un acuerdo de reestructuración voluntario; una segunda etapa, ésta en sede judicial, en la que el magistrado acordará un plan de pagos por el que se podrá o bien reducir la deuda hipotecaria hasta ajustarla al valor del inmueble o bien cancelar la totalidad de la deuda hipotecaria mediante la entrega del inmueble (dación en pago).

En apariencia estamos ante la consumación legal del cambio normativo radical que Podemos venía reclamando desde hacía años. Pero, en realidad, no hay ninguna novedad con respecto a la Ley 25/2015 que aprobó el Gobierno del PP. Esta ley, que lleva por título el de «mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social», establece prácticamente el mismo procedimiento que, a modo de revolucionaria y urgente novedad, pretende (re)aprobar ahora Podemos.

La normativa vigente ya contempla que aquellas familias sin ingresos y en situación de quiebra –aquellas cuyas deudas superen sus activos– podrán ver exoneradas sus deudas insatisfechas mediante una resolución judicial siempre que, con anterioridad, hayan intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial. Podrá abarcar la totalidad de la deuda hipotecaria a cambio de la entrega del inmueble que actuaba como garantía: es decir, a día de hoy, la dación en pago ya es jurídicamente posible en España.

¿A qué viene entonces tanto revuelo y tanta urgencia? ¿Cuál es la verdadera novedad que introduce esta proposición de ley de Podemos con respecto a la reestructuración de la deuda familiar o empresarial? El único cambio realmente destacable –y todo un acierto por parte de la formación morada– es que extiende la exoneración de deudas a los pagos pendientes con Hacienda y la Seguridad Social, cosa que hoy no sucede y que resulta de enorme importancia para que muchos autónomos o pequeños empresarios puedan reanudar sus actividades después de haber fracasado. Al margen de eso, no hay absolutamente nada novedoso: todas las otras propuestas de Podemos con respecto al reajuste de la deuda privada ya están en vigor.

Estamos ante un muy elemental ejercicio de propaganda preelectoral canalizado a través de la actividad parlamentaria: aparentar que ellos son el partido de los menos favorecidos porque sólo ellos atienden a sus intereses. Lo primero que debería preguntárseles es en qué modifica su proposición de ley a la normativa vigente y si los cambios ínfimos que introducen merecen su urgente tramitación. ¿O es que la auténtica urgencia es la de Pablo Iglesias ante una eventual segunda convocatoria de elecciones?

Incertidumbres futuras

El Ibex 35 despidió 2015 con una caída superior al 7%. Se trata del primer descenso anual de la bolsa española desde la recesión de 2012. En la actualidad, empero, parece claro que la economía española no se halla en recesión: al contrario, es uno de los países europeos con mayor crecimiento. Ahora bien, no deberíamos confiar a la experiencia pasada los frutos que vayamos a cosechar en el futuro: la bolsa es un mercado que mira hacia adelante, por lo que deberíamos reflexionar ante el hecho de que hayan pinchado las expectativas de los inversores acerca de nuestra prosperidad venidera. Ya sea por el debilitamiento de las economías latinoamericanas (en las que muchas empresas del Ibex 35 se hallan fuertemente comprometidas) o por la incertidumbre política, lo cierto es que el crecimiento no está en absoluto garantizado y, como suele decirse, «no deberíamos dormirnos en los laureles». Las reformas estructurales y el ajuste del déficit público deben proseguir con decisión: pero la aritmética parlamentaria parece que no lo permitirá.

A costa del contribuyente

2016 se inicia con una aparente buena noticia en materia fiscal: se completa el segundo tramo de la rebaja del IRPF prometida por el PP. De esta manera, el sangrante sablazo del IRPF con el que Montoro castigó a los contribuyentes españoles en el año 2012 ya habrá desaparecido en su totalidad. Sin embargo, no deberíamos engañarnos con la música que desprende la noticia: primero, pese a la rebaja del IRPF, los españoles continúan pagando muchos más impuestos en 2016 que en 2012 (por ejemplo, vía IVA); segundo, el déficit público sigue ubicándose por las nubes, de manera que no es responsable rebajar impuestos sin, al mismo tiempo, recortar el gasto; y tercero, el año también se inicia con incrementos de las cotizaciones sociales, de modo que, en realidad, los impuestos efectivamente soportados por los trabajadores no experimentarán grandes cambios. En el fondo, y como decíamos, sólo hay una vía para poder rebajar apreciable y sosteniblemente los impuestos: recortar con decisión el gasto público. A falta de ello, seguiremos con cambios cosméticos.

La amenaza

El rechazo de la CUP a apoyar la investidura de Artur Mas parece abocar a Cataluña a nuevas elecciones. Serán unos comicios que, nuevamente, vendrán marcados por el debate independentista pero que también se verán muy influidos por toda la agenda intervencionista que han colocado la CUP encima de la mesa al rechazar a Mas como presidente: a la postre, el «no» ha venido motivado por sus recortes sociales y no por discrepancias a propósito del procés. Y, como ya sucediera con la última propuesta de acuerdo que remitió Junts pel Sí al partido encabezado por Antonio Baños, los partidos independendistas se están escorando hacia posiciones económicas cada vez más irracionales y perjudiciales para Cataluña: más impuestos, más gasto público y más regulaciones. Es verdad que la autonomía catalana sale hoy en día muy perjudicada por el sistema de financiación autonómica vigente en España, pero el estancamiento y el empobrecimiento que resulten de las propuestas de la CUP, progresivamente asimiladas por Junts pel Sí, sí será un demérito propio.