La muerte anunciada de la hucha de las pensiones

El Gobierno extrajo otros 8.700 millones de euros del fondo de reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extra del mes de junio. De este modo, la dotación total de ese fondo que estaba llamado a garantizar la viabilidad futura de nuestras pensiones ha quedado reducida a apenas 25.200 millones de euros: el equivalente al 2,3% del PIB español.

En sólo cuatro años y medio, el Ejecutivo de Rajoy ha tomado 56.000 millones de euros de la hucha de las pensiones (7.000 millones en 2012, 11.600 millones en 2013, 15.400 millones en 2014, 13.300 millones en 2015 y 8.700 millones en lo que llevamos de 2016), los cuales se han visto parcialmente compensados por unos ingresos de 14.000 millones de euros derivados de los intereses sobre la deuda pública en la que está invertido el fondo.

En total, pues, el capital de esta caja previsional ha menguado en cerca de 42.000 millones de euros, desde el máximo de 66.800 millones alcanzado a finales de 2011.

Ciertamente, las perspectivas del fondo no son nada positivas: al ritmo actual de fagocitación, todo su capital habrá sido consumido a lo largo del primer semestre de 2018. Y lo peor es que no existen planes alternativos a esta muerte anunciada.

El PP no tiene prevista ninguna reforma del sistema de pensiones, plenamente confiado en que el actual ritmo acelerado de creación de empleo terminará cuadrando el déficit de la Seguridad Social y acudiendo al rescate del menguante fondo.

Pero tal optimismo resulta infundado: es verdad que los ingresos de la Seguridad Social aumentarán durante los próximos años –si el crecimiento económico presente se mantiene–, pero sus gastos también lo harán. Por ejemplo, en el año 2015 –el periodo de mayor creación de empleo de toda la crisis, que difícilmente se repetirá en los ejercicios venideros– los ingresos por cotizaciones sociales se expandieron en 1.300 millones de euros, pero los gastos en pensiones se inflaron en 3.400 millones.

Unas pesimistas tendencias que se están reproduciendo a lo largo de 2016: hasta mayo de este año, la recaudación por cotizaciones apenas ha mejorado en 1.000 millones de euros, mientras que los desembolsos en pensiones han aumentado en 3.500 millones.

En definitiva, la progresiva liquidación del fondo de reserva de la Seguridad Social es sólo un síntoma de problemas estructurales mucho más graves dentro de nuestro sistema de pensiones.

No estamos ante un desequilibrio transitorio que vaya a remediarse creando empleo: pues el problema esencial es que los gastos aumentan más de lo que lo hacen los ingresos. Diferir el problema no lo solventará: sólo lo pospondrá mientras nos fundimos irresponsablemente el fondo de reserva.

En realidad, las soluciones mágicas no existen: o incrementamos los ingresos del sistema con más cotizaciones y más impuestos (tal como propusieron en campaña PSOE o Podemos) o recortamos sus gastos en pensiones y prestaciones complementarias (como debería hacerse a pesar de que ninguna formación política se atreva a defenderlo ante la amenaza de perder el voto de los pensionistas).

No hay más y tampoco lo va a haber. Lejos de cruzarnos de brazos contemplando estoicamente cómo el fondo de reserva desaparece, deberíamos estar ocupándonos de atajar aquellos agujeros presupuestarios que lo están haciendo desaparecer a un ritmo vertiginoso.

Y el único camino que no pasa por sablear con mucha mayor inquina a los trabajadores españoles consiste en recortar los gastos de la Seguridad Social mientras vamos preparando la transición hacia un sistema de pensiones verdaderamente sostenible: el de capitalización. Puede que no sea popular (ni populista) decirlo, pero no por ello deberíamos cerrar los ojos ante esta preocupante realidad.