Alfonso Merlos

Legítimo derecho

Es un acto de autenticidad, de compromiso con unos principios, de defensa innegociable de unas ideas. Y, en un segundo plano, de rechazo a quienes planteaban desde el sectarismo que los que exigían que no hiciesen legislaciones disparatadas sobre el aborto tenían como principal meta aupar a Mariano Rajoy para dejarlo caer felizmente en la poltrona de La Moncloa. No era así. No lo es. No llegaban a comprender entonces desde la izquierda que quienes se manifestaban contra los postulados de Aído no estaban desarrollando una estrategia ad hominem, sino que proclamaban la defensa de la vida y el repudio de quienes contemplan acabar con un ser humano en términos de avance o de progreso. Ése es el fondo de la cuestión.

Y es en estas coordenadas desde las que hay que leer la gran cita del 22N. Grande porque no cabe la menor duda de que será masiva. Y grande también porque significa la salida a la plaza pública de aquellos colectivos y asociaciones y plataformas que no propugnan sino la salvaguarda de nuestras libertades fundamentales; de aquellos elementos que deben distinguir lo que somos como sociedad y lo que valoramos. Es natural. Debería ser la regla a pesar de que en España estamos poco acostumbrados. Los ciudadanos que se sienten defraudados y decepcionados están en su derecho de mostrarlo cívicamente, masivamente. Cuando la causa está justificada hasta reconforta. ¿O no?