Más libertad laboral, no más asistencialismo estatal

La tasa de cobertura de los trabajadores en paro se redujo en julio al 55% del total: es decir, 1,95 millones de personas desempleadas cuentan con algún tipo de prestación estatal pero, en cambio, 1,73 millones carecen de ella. Las cifras han generado cierta alarma entre algunos colectivos políticos y sindicales: es inaceptable, dicen, que haya tantos parados que no estén recibiendo ningún tipo de ayuda de las administraciones públicas. De ahí que, por ejemplo, Comisiones Obreras haya exigido que el Ejecutivo extienda indefinidamente el subsidio de desempleo a todo aquel que se halle parado en contra de su voluntad.

Y, ciertamente, debería ser motivo de honda reflexión el que en nuestro país haya 1,73 millones de personas sin empleo que, además, hayan agotado por completo el seguro (estatal) con el que contaban para compensar su precaria situación. A la postre, España es uno de los países europeos que más fondos destina al gasto social contra el desempleo y, también, uno de los que ofrece ayudas más duraderas (sólo por detrás de Bélgica y a la altura de países como Francia o Dinamarca).

Recordemos que las prestaciones contributivas de desempleo tienen una duración mínima de cuatro meses (para aquellos trabajadores que hayan cotizado un año) y una máxima de 24 meses (para los que hayan cotizado seis años). Una vez agotadas las prestaciones contributivas, si el parado carece de ingresos suficientes (rentas inferiores a 491 euros mensuales por persona a su cargo) recibe un subsidio asistencial de 426 euros mensuales durante un máximo de dos años y medio (si el parado tiene más de 45 años y responsabilidades familiares). A su vez, una vez agotado el subsidio de desempleo, todavía puede acogerse a una única prórroga extraordinaria de seis meses (Plan Prepara, renovado esta misma semana por el Gobierno) o una prórroga indefinida si tiene más de 55 años.

Dicho de otra forma, una persona parada y sin ingresos, que hubiera cotizado durante más de seis años y que tenga personas a su cargo, obtendrá transferencias del Estado durante cinco años (o hasta el momento de su jubilación, si superara los 55 años de edad). Si, en lugar de seis años hubiese cotizado sólo tres, obtendría ayudas públicas durante cuatro años. Así pues, y atendiendo a los datos, la pregunta que deberíamos realizarnos urgentemente no es cómo prolongamos durante más tiempo las prestaciones contra el desempleo, sino una mucho más elemental: ¿cómo es posible que una persona sea incapaz de encontrar un empleo en España tras cuatro o cinco años buscándolo activamente?

Desde luego, la crisis económica que todavía nos azota tiene buena parte de responsabilidad en ello. Pero no toda la responsabilidad: la tasa media de paro de España durante los últimos 35 años –computando momentos buenos y momentos malos– ha sido del 17%. Nuestro mercado laboral es, pues, una máquina de generar parados estructurales. Ésa es la lacra que ahora mismo deberíamos estar combatiendo y desmontando con energía: ésa antisocial regulación laboral que, bajo el falaz pretexto de proteger a los trabajadores, termina multiplicando los parados inempleables.

Alargar indefinidamente las prestaciones de desempleo sin al mismo tiempo liberalizar profundamente el mercado laboral sólo contribuirá a consolidar una sociedad esclerotizada y clientelar, incapaz de ofrecer oportunidades de autorrealización personal y profesional a millones de ciudadanos. No debemos encogernos de hombros y aceptar el desempleo estructural y de larga duración como un drama inevitable que sólo cabe paliar con subsidios públicos: nuestra prioridad debería ser la de multiplicar las opciones de los españoles para encontrar empleo y salir adelante sin necesidad de depender permanentemente del asistencialismo estatal.