Pilar Ferrer
Mas, obligado y cercado
La cena tuvo lugar en la noche del pasado martes, a escasas horas de su comparecencia en el Parlamento de Cataluña. Artur Mas llegó a Gerona a media tarde para visitar la Cámara de Comercio gerundense, alineada a favor del proceso soberanista y presidida por el empresario Domenec Espadaler Vergé, claramente partidario del derecho a decidir. Al presidente de la Generalitat se le veía cansado y afectado por los últimos acontecimientos que le han forzado a explicarse sobre el tres por ciento. «Obligado y cercado», reconocen en Convergència después de las infructuosas gestiones del secretario general del partido, Josep Rull, ante el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, para que no se sumara a la petición de comparecer. Hasta el último minuto intentó disuadirle, pero fue inútil. La suma de todos los diputados de la oposición, incluidos los antiguos socios de Unió Democrática, hacían inevitable la presencia de Mas. «La aritmética desbarata nuestros planes», le dice un apesadumbrado Rull al presidente.
El debate sobre la corrupción es ya imparable. Los dardos se suceden: la dura carta del ex presidente Felipe González y las declaraciones de las principales patronales empresariales como Fomento del Trabajo, CEOE y la Cámara de Barcelona contrarias a la independencia, junto a la reforma del Gobierno sobre el Tribunal Constitucional y otra misiva de Josep Antoni Duran Lleida en la misma tribuna que González rechazando la ofensiva secesionista, le golpean fuerte. En la cena de Gerona le arropan unos cuantos empresarios a favor del proceso y el alcalde convergente Carles Puigdemont, ferviente separatista. «Presidente, a por ellos», arenga el edil gerundense, un ex periodista bregado en las filas independentistas. Según algunos asistentes, Artur Mas intentó sacar pecho, enarboló un discurso muy crítico contra Madrid y se erigió como un mártir: «Me las dan todas en la frente», aseguró en un tono victimista.
Fuentes de Convergencia admiten que los registros efectuados por los dos fiscales Anticorrupción y la Guardia Civil han dado al traste con la estrategia para las elecciones de septiembre. El malestar en las filas de ERC es enorme, y también en el resto de la lista Juntos por el sí, cada vez más dividida. Artur Mas había preparado durante todo el verano su comparecencia parlamentaria como un pistoletazo electoral hacia el 27-S, pero la trama corrupta ha hecho añicos toda su táctica. Nadie, a excepción de CDC, defiende su inmunidad y todos exigen explicaciones. Hasta sus antiguos aliados, los democristianos de Unió, representados en el Parlamento por Joana Ortega, que fue vicepresidenta de la Generalitat con el propio Mas. Una prueba evidente de su soledad y necesidad de depurar responsabilidades.
Desde el entorno del presidente se lanzan dos claras consignas: ataque al Estado de Derecho y, como siempre en el discurso nacionalista, ataque frontal a Cataluña. El «núcleo duro» lo encabezan la vicepresidenta Neus Munté en el Gobierno, y Josep Rull en el partido. Los mensajes inciden en la vulneración del secreto del sumario, interesada difusión mediática e intromisión en el proceso electoral. Algo que ya no convence ni a sus propios socios, en especial a Esquerra, cuyo líder Oriol Junqueras «está que trina», en palabras de dirigentes republicanos. La sombra de la corrupción, los pronunciamientos empresariales y de sectores de la sociedad civil catalana empañan la campaña y diluyen la hoja de ruta hacia la independencia. «Junqueras está con tapones en los oídos y el corazón congelado», afirman gráficamente dirigentes críticos de ERC, conscientes de que Mas «se la ha jugado» para disfrazar los trapos sucios de su partido. Según fuentes jurídicas, la Fiscalía dispone de mucha información rigurosa y detallada.
Al margen de los mensajes políticos, Mas se ha reunido con el grupo de juristas del llamado Consejo para la Transición Nacional, que preside el ex magistrado el Tribunal Constitucional Carles Vives Pi-Sunyer, ferviente separatista. Al socaire de las críticas suscitadas por la proposición de ley del Gobierno de Mariano Rajoy sobre el TC y el incumplimiento de sus sentencias, la Generalitat quiere desarrollar una gran ofensiva jurídica internacional al respecto. «Iremos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si es necesario», advierten en el entorno de Mas. El bloque soberanista desea aprovechar el revuelo de esta medida y las críticas de la oposición para forjar un frente contra el Gobierno de la Nación. «Menos gorgoritos y más aclarar la corrupción», dice el líder y candidato del PP catalán, Xavier García-Albiol, quien presentó personalmente la iniciativa en el Congreso.
Obligado por las circunstancias, Mas insiste en el carácter plebiscitario de las elecciones y se aferra a un clavo ardiendo. «O todo o nada», aseguró en su cena con los empresarios de Gerona. Si logra convencer a los suyos seguirá hacia adelante. Pero si las investigaciones le acorralan y demuestran la corrupción de Convergència, estos mismos pedirán su cabeza.
De momento, el bloque soberanista quiere resistir hasta el 27-S y escenificar al máximo los ataques desde Madrid. «Numantinos pero no limpios», ironizan dirigentes de los partidos constitucionalistas. Como bien dice uno de ellos, de aquí al 27-S, cada día un nuevo episodio de tremendismo.
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