Mejoremos el marco jurídico del ahorro

Uno de los mayores problemas que afrontará nuestro país en el medio-largo plazo es el de la sostenibilidad de las pensiones públicas. Como es bien sabido, la Seguridad Social se estructura a través de un esquema piramidal: los trabajadores actuales se hacen cargo de los ingresos de los pensionistas actuales a cambio de que, el día de mañana, los trabajadores del futuro se hagan cargo de sus ingresos. El problema reside, claro, en si no llega a haber suficientes trabajadores futuros como para soportar los pagos comprometidos. En tal caso, los obreros padecerán hoy las cotizaciones sociales vigentes (dificultándoseles su capacidad de ahorro) pero no recibirán mañana la totalidad de las pensiones que necesitan. España se halla en esa inquietante coyuntura demográfica: a lo largo de las próximas décadas, la ratio de trabajadores por pensionista bajará de 2 hasta prácticamente 1; circunstancia que obligará a recortar nuestras pensiones en cerca de un 40%. ¿Cómo hacer frente a esta bomba de relojería? Algunos partidos, como Podemos o el PSOE, propugnan incrementar (todavía más) los impuestos para disimilar el hachazo que en cualquier caso experimentarán tales prestaciones sociales. Una solución más razonable es la de revelarles la verdad a los ciudadanos –la Seguridad Social está quebrada– para que adquieran consciencia del problema y se dispongan a ahorrar. Ahora bien, contarles la verdad no basta: es un primer paso necesario pero no suficiente. A la postre, el ahorro en España se halla enormemente maltratado tanto desde un punto de vista fiscal como regulatorio. También toca, pues, modificar toda la maraña legislativa que desincentiva tan positivo hábito. A lograr parcialmente este objetivo se dirige la reciente reforma de los planes de pensiones ejecutada por el Gobierno: a partir de 2025, los partícipes de un plan podrán rescatarlo tras una década de aportaciones. Así, se pretende dotar de una mayor liquidez a estos específicos vehículos de ahorro –cuyas aportaciones están bonificadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas– para volverlos más atractivos de cara a los inversores. El hecho de no poder recuperar el dinero inmovilizado hasta la jubilación constituía un importante freno para que muchas personas decidieran emplearlos como instrumento para preparar su retiro. Ahora bien, la reforma peca de insuficiente: resulta urgente ampliar el elenco de vehículos de ahorro que se benefician de una bonificación fiscal, pues lo crucial es ahorrar de cada a la jubilación, no hacerlo en un producto financiero concreto denominado, por razones exclusivamente comerciales, «plan de pensiones».