Agustín de Grado

Monipodio socialista

Imputados una ex ministra, dos ex consejeros autonómicos (uno de ellos, en libertad bajo fianza), cinco viceconsejeros, diez directores generales, varios secretarios generales. También sindicalistas y directivos de aseguradoras. Hasta el interventor general que alertó del fraude perpetrado durante más de diez años. A la espera de conocer si el propio presidente Griñán desfilará ante la juez, no existe en nuestra historia democrática mayor caso de corrupción institucionalizada. Es lo que convierte a este fraude en excepcional. Porque no estamos ante un ladronzuelo aprovechado de su cargo o influencia. Ésta no es la historia del Cortadillo con despacho que fue Juan Guerra. Lo que está desenredando la juez Alaya es una trama de corrupción montada en la mismísima Administración al amparo de un régimen al que 30 años de ejercicio ininterrumpido del poder le convencieron de su impunidad para hacer y deshacer a su antojo. Responde al modelo de corrupción descrito por Cervantes, localizado precisamente en Sevilla: «Vine a entender con toda certeza que el dueño de la casa, a quien llamaban Monipodio, era encubridor de ladrones y pala de rufianes». Con precisión quirúrgica, Alaya nos descubre cómo el Gobierno andaluz diseñó un «procedimiento específico» para evitar la fiscalización de unos fondos que, presupuestados para ayudar a los trabajadores de empresas en dificultades económicas, se repartieron al arbitrio y terminaron engordando las cuentas de sindicalistas, cargos públicos, amiguetes e impostores. Todos, sin escrúpulos para enriquecerse con el drama del desempleo en ese reino del paro que es la Andalucía convertida en patio de Monipodio socialista. «Pasméme, quedé suspenso cuando vi que los pastores eran los lobos y que despedazaban el ganado los mismos que lo habían de guardar...».