Opinión

No se debe enfadar a todos

La Justicia en España está mal valorada por los ciudadanos porque es lenta, se halla politizada, carece de credibilidad...Este cuadro evidencia la necesidad de una reforma inmediata para hacerla funcional, acercarla a la ciudadanía y desterrar esa sensación de inseguridad y desconfianza instalada entre sus usuarios a la hora de enfrentarse a un asunto judicial. Así pues, a priori, se podría pensar que Gallardón ha cumplido con su obligación al plantear la reforma, pero en algo ha debido errar cuando jueces, abogados, procuradores, funcionarios y ciudadanos se han puesto de acuerdo a la hora de protestar contra ella e, incluso, han amenazado con una huelga en caso de que el Gobierno no promueva un pacto de Estado que sustituya las medidas del titular de Justicia. Parece evidente que no todos los colectivos coinciden en el motivo de la protesta, ya que unos lo hacen por las tasas, otros por los jueces sustitutos, etcétera. Pero lo cierto es que ha logrado soliviantar a todos al mismo tiempo, algo no habitual en una persona con la experiencia política de Gallardón. Los magistrados, o por lo menos algunos, habían pedido la imposición de tasas, pero no de estas tasas, que en su opinión vulneran la tutela judicial efectiva; los procuradores ven peligrar su puesto de trabajo mientras que los abogados creen que por causa de las tasas tendrán menos trabajo y los ciudadanos saben que les están restringiendo el acceso a la Justicia. En cambio, el ministro lo simplifica y prefiere verlo como una pataleta corporativista porque les ha quitado a jueces y fiscales la paga extraordinaria y seis días de asuntos propios, al tiempo que hace una defensa numantina de unas tasas desproporcionadas para el poder adquisitivo de los españoles, que se trasformarán en una medida coercitiva.

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