Noticia de un secuestro

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El secuestro terrorista es, seguramente, el asunto de más difícil manejo para cualquier gobierno en materia de seguridad, porque sus decisiones han de desenvolverse en un escenario construido sobre tres ejes: el asesinato de los secuestrados, el pago de un rescate –o, en su caso, de una concesión política– a cambio de éstos y la realización de una operación militar o policial para liberarlos –con riesgo para la vida de los rehenes y de los agentes que participen en ella–. En ese escenario, como en seguida se verá, todas las soluciones son malas, tanto por sus consecuencias inmediatas como por las futuras.

Además, hay que tener en cuenta que la posición de los gobiernos en este tipo de asuntos difiere sustancialmente de la de los familiares de los secuestrados. Estos últimos, como muy bien señaló el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tienen derecho a «adoptar cualquier medida que evite el asesinato de rehenes, incluyendo el pago de un rescate». Pero los gobiernos no gozan de esa prerrogativa, pues las normas internacionales «prohíben la provisión de fondos a terroristas en la medida en que esos fondos se utilicen para perpetrar nuevos actos terroristas». En España, la legislación penal, a través del eximente de «estado de necesidad», ampararía a los primeros pero no a los segundos. Cualquier gobierno que pagara un rescate cometería un delito y los políticos y funcionarios implicados tendrían que asumir la correspondiente responsabilidad penal.

Pagar o no pagar es un dilema, pero para los gobiernos también lo son las demás soluciones. Un estudio de Todd Sandler y Patrick Brandt, realizado sobre la experiencia de los secuestros terroristas que tuvieron lugar entre 1968 y 2005, puso de relieve que, si el gobierno paga un rescate, ello conducirá a que se realicen 2,62 nuevos secuestros en el futuro; pero si decide liberar a los rehenes mediante una acción violenta, ese factor de multiplicación se rebaja a 1,18. Y sólo si el incidente conduce a la muerte de los rehenes la cifra futura desciende hasta 0,47.

Malas soluciones, es cierto. Pero, en la perspectiva política, la peor de todas ellas es, sin duda, el pago de un rescate por parte del gobierno o con su mediación. Ésta ha sido, lamentablemente, la adoptada en España con respecto al terrorismo yihadista cuando nuestros compatriotas han sido secuestrados en lejanos escenarios de conflicto. Pero no fue así en el caso de ETA. Como resultado, según las fuentes más solventes, entre diez y veinte millones de dólares del presupuesto español han podido destinarse a la financiación de las filiales de Al Qaeda.

Otros países han hecho lo mismo: Alemania, Francia, Suiza, Italia, Austria. Pero ello no justifica nada y el ejemplo hay que tomarlo de los que se niegan a pagar: Japón, Estados Unidos, Reino Unido. Sin duda, devolver a casa a quienes han sufrido un largo cautiverio, como ha ocurrido hace una semana, es satisfactorio. Pero en política importa la manera de hacerlo. Y ocultarla es motivo de inquietud.