Poquita cosa

En unas pocas horas, aquí en el norte verde y deshojado, nos reuniremos un grupo de amigos para planear nuestro gran golpe. Entre ellos hay un magistrado –cuya indentidad me guardo hasta el momento de su detención–, un ilustre abogado penalista, empresarios, pescadores, propietarios de viveros, agricultores, médicos y decentes ciudadanos sin tacha penal hasta alcanzar el número de cincuenta. El gran golpe, desde el pesimismo, nos puede costar veinte euros por barba. Llevamos dos días sin ducharnos –en mi particular caso, sin disfrutar del baño con patito de goma y esponja relajante–, para darle al acto reivindicativo un aroma más adecuado a las circunstancias. Nos disponemos a ocupar una Unidad Militar, en concreto, la Yeguada Militar de Ibio, sita en las cercanías de Mazcuerras. Los militares están avisados así como la Guardia Civil, porque componemos un grupo de personas decentes. Previamente asaltaremos el recién inaugurado «Mercadona» de Cabezón de la Sal y nos llevaremos sin pagar toda suerte de productos apetecibles. Como he sido designado Jefe de la Expedición Reivindicativa, me corresponderá el honor de lucir una camiseta con la efigie estampada del «Ché Guevara» en carmesí violento y una estrella roja de cinco puntas ubicada a la altura del corazón, sin olvidar la bufanda palestina.

Esta acción de protesta la llevaremos a cabo con el apoyo del Tribunal Supremo, cuyos componentes más melindrosos también han sido informados al efecto. Ante todo, cortesía. Desde que el Tribunal Supremo, tan quejica y ñoño, se ha mostrado afectado y susceptible por la libertad crítica que ha puesto en entredicho su decisión de poner en la calle precipitadamente a un grupo de sangrientos terroristas –una semana más tarde se hubieran visto obligados a cumplir diez años más de prisión–, ha ido de mal en peor. Ahora ha enmendado la plana al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que había impuesto al asaltador de propiedades ajenas y supermercados, así como alcalde de Marinaleda Juan Manuel Sánchez Gordillo y otros tres miembros de su banda, una pena de siete meses de cárcel por ocupar la finca militar «Las Turquillas» en Osuna y desobedecer las órdenes de la Guardia Civil. El Tribunal Supremo se comporta, en ocasiones, con extremada bondad con los terroristas y los asaltadores. Ha rechazado la pena de siete meses y reducido la condena al pago de mil doscientos euros.

Hechos los cálculos, nuestro grupo ha considerado que merece la pena invertir veinte euros por cabeza para comprobar si el Tribunal Supremo es tan generoso con nosotros como lo ha sido con Sánchez-Gordillo, Cañamero y la Gorda del carrito. Si se diera el caso de una dura condena y los cincuenta asaltantes pacíficos del «Mercadona» de Cabezón de la Sal y la Yeguada Militar de Ibio nos viésemos obligados a ingresar en un centro penitenciario, recurriríamos la sentencia ante el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, que es encantador con los que asesinan, roban, invaden o insultan y desobedecen a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los cincuenta asaltantes pertenecemos al sector otoñal de la vida, más de diez se hallan en la precariedad de los jubilados después de pagar 40 años a la Seguridad Social, y todos hemos cumplido con España honrosamente en el Servicio Militar. Por ello, hemos procedido a jurar que no nos llevaremos ningún caballo perteneciente al Arma de Caballería, y que la invasión de los terrenos ajenos la cumpliremos con la exquisitez que nos caracteriza. Eso sí, no podemos jurar ni prometer lo mismo con «Mercadona». En mi caso particular, creo que voy a robar un bogavante para alimentar al pueblo. El pueblo, en este caso concreto, seré yo.

Prometemos la obediencia a los soldados de guardia en la Unidad Militar y a los guardias civiles cuando éstos, cumpliendo órdenes, nos detengan y lleven ante su Señoría. Será por lo tanto, una invasión muy controlable y rápida. Y con la finalidad de no perjudicar excesivamente a «Mercadona», garantizamos que el robo de productos a la venta tendrá un valor más simbólico que gravoso para la empresa y sus trabajadores, excluyendo –para algo soy el jefe y puedo lucir la efigie del «Ché»–, mi bogavante, que agradecería estuviera cocido, porque cocer un bogavante en el domicilio particular resulta muy comprometido.

«En nombre del Tribunal Supremo ocupamos esta instalación militar». «En nombre del Tribunal Supremo, nos llevamos dos carritos de productos y el bogavante de nuestro comandante-jefe». «En nombre del Tribunal Supremo hacemos entrega de 1.200 euros a las autoridades para que sumados a los de Sánchez Gordillo, se conviertan en 2.400». Todo en nombre, por y para el Tribunal Supremo.