Qué descaro

Europa no puede permitir que exista una colonia en su territorio, como es el caso de Gibraltar, y que una población trasplantada presione a gobiernos democráticos, como es el de España, amparándose en la fuerza de ocupación británica que le sirve de sustento. Sorprende que Greenpeace u otras organizaciones ecologistas no hayan desplegado una operación espectacular, con repercusión en todos los medios de comunicación del mundo, en contra de los bloques de hormigón que han sido arrojados al mar por quienes ocupan ilegalmente territorio español y que se hayan sometido así a los ocupantes británicos aceptando, con naturalidad, los efectos perniciosos en el medio ambiente. Qué poco aprecio tienen los independentistas catalanes a los derechos de los pescadores andaluces, inventándose un estrambótico derecho a la autodeterminación de quienes, con el poder de las armas, impiden que el pueblo español lo ejerza plenamente y en todo su territorio. La errática política exterior del Gobierno británico sólo se sustenta porque sigue recibiendo el apoyo incondicional de EE UU. Un estado, a punto de abandonar la UE y que, tradicionalmente, demora los resultados de la integración en Europa, está originando, de forma constante, el incumplimiento del Derecho comunitario en el territorio ocupado de Gibraltar y se prevalece de su posición en el Consejo de Seguridad para no proceder, de inmediato, a la descolonización de territorios como las Malvinas y Gibraltar. EE UU debe revisar su política de alianzas y debe buscar el apoyo de estados como España, Francia y Alemania, que no mantienen ningún poder colonial. La descolonización de Gibraltar, más que jurídica, es política y exige la adopción de numerosas medidas de presión para que los ocupantes del territorio español lo abandonen y no continúen con nuevos asentamientos. Todo el Derecho internacional está de parte de España, pero esto no es suficiente. Los militares británicos y la población británica que ocupa Gibraltar no entienden el lenguaje del Derecho. La realidad de las relaciones internacionales demuestra que la descolonización sólo es posible mediante acciones de carácter político. Estamos en buena posición para exigir un compromiso de la UE con sus principios y valores, y que ponga fin al reiterado incumplimiento del Derecho de la Unión por parte de Gran Bretaña. La UE no puede amparar a una población trasplantada que desprecia el Derecho comunitario. Estamos en el momento idóneo para que Naciones Unidas haga efectivas sus resoluciones en torno a Gibraltar y se proceda, lo antes posible, a la restitución del territorio a España. El colonialismo, al igual que la agresión, no hay que olvidarlo, es un crimen internacional conforme al ordenamiento jurídico y todo crimen internacional otorga a la comunidad internacional el derecho a adoptar sanciones.