Queremos saber

En principio, su puesta en libertad estaba fundamentada en que padecía una enfermedad en fase terminal; dicho de otra manera: estaba condicionada a que se muriese. Bolinaga, sin embargo, no sólo no ha cumplido sino que desde que salió ha pasado el rato entre homenajes, paseítos y unas sesiones de «txikiteo» que han supuesto una ofensa continuada para cualquier vertebrado que se precie.

Ahora, el Ministerio del Interior ha vuelto a pedir un nuevo informe por si en aquel de hace diez meses a alguien se le olvidó añadir la columna de las decenas a las posibilidades de supervivencia, o por si en este tiempo alguna sorguiña ha hecho el milagro de quitarle de encima al etarra la única condena para la que no existe apelación posible.

En su día casi nadie entendió que no se le pudiera tratar de su enfermedad en un hospital penitenciario, y hoy volvemos a tener serias dificultades para entender por qué no se va a dar a conocer el nuevo informe médico elaborado por el mismo equipo que ya hizo el anterior. Si en teoría es la sociedad en su conjunto, a través de la Audiencia Nacional, la que ha concedido un beneficio público a un asesino condenado a 178 años de cárcel, todos deberíamos tener el derecho a saber qué justifica que siga en la calle y si es cierto que efectivamente Bolinaga ya no puede salir de casa porque, esta vez sí, está apurando su último aliento. Todo lo demás es dar pábulo a la sospecha de que de alguna manera se está dando un trato de favor a un individuo que, a pesar de sus crímenes, lleva disfrutando de una libertad que no se merece 296 días, o lo que es lo mismo, más de la mitad de los que él mantuvo enterrado en vida a Ortega Lara.