Tribunales

Rajoy, el mentón de acero

La Razón
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Aunque la mandíbula política de Rajoy es dura como el casco de un rompehielos, el de hoy no deja de ser un «día grande» en el país de las penas de telediario, del escarnio en las redes sociales y de las sentencias a pie de calle previo paseíllo. En este miércoles que viene a rubricar el final del curso político, la comparecencia como testigo del presidente del gobierno ante la sala de la Audiencia Nacional que juzga la trama Gurtel en sus primeros años viene a colmar no pocas expectativas en quienes parecen estar más por el intento de desgaste político que por el interés puramente jurídico. Rajoy lleva mucho tiempo poniendo de los nervios a quienes continúan contemplando su figura –hoy indiscutible clave de bóveda del PP– como la más ansiada entre las piezas de caza mayor. La comparecencia prevista para esta mañana ha dado alas a quienes en parte sin admitir que a diferencia del amor y la guerra en política no vale todo piensan que el impertérrito inquilino de la Moncloa desde 2011 puede, con este difícil rubicón, comenzar a agachar la cerviz. Complicada se fía la empresa, no tanto porque Rajoy tenga bien demostrada su condición de roca como por las innumerables dudas éticas que genera el capítulo judicial de hoy en una operación de desgaste que ya ha pasado directamente a acoso y derribo.

Rajoy acude a la Audiencia para mayor gloria de una acusación popular –revísese el papel de esta figura en otros países de lo que llamamos nuestro entorno– que lograba, tras dos negativas anteriores y en contra del criterio de la propia Fiscalía, la citación del presidente como testigo en el caso Gurtel. El «pelotazo» mediático ya parece estar conseguido, se trataba de ver sentado delante de un juez a quien curiosamente rompió amarras con Correa y los cabecillas de la trama cuando accedió al liderazgo del PP obligándoles a buscar otros acomodos por tierras valencianas. Nada parece importar el hecho de que Rajoy ni tenga nada que ocultar, ni en consecuencia nada que aportar, a lo que se añaden las nada desdeñables dudas sobre la idoneidad de obligar al jefe del ejecutivo a declarar «in situ». La ley de enjuiciamiento criminal es tan clara abriendo la puerta a la posibilidad de citación de un testigo como difusa a la hora de establecer los criterios que, en el caso de un presidente con innegables responsabilidades de gobierno, marquen una declaración en persona, por escrito o por el denostado plasma.

Decía Pedro Sánchez que espera en boca de Rajoy «toda la verdad y nada más que la verdad» y la simple duda ya dice muy poco en favor del líder socialista, salvo que entienda únicamente por «verdad» lo que le gustaría oir acorde con sus intereses estratégicos. Sin embargo tal vez sea Albert Rivera quien más tenga que ganar, de ahí la oportunidad de demostrar esa altura de miras de la que hace gala dejando para otra ocasión una saca de las nueces que, no olvidemos, podría nutrirse con abuso de derecho.