Rato y la política

Desde la sucesión de José María Aznar, se han acumulado las inconsistencias en la trayectoria de Rodrigo Rato, en particular el abandono de la Presidencia del FMI, las ambiciones políticas mal encauzadas, la gestión y la salida a bolsa de Bankia... hasta los hechos ocurridos el jueves. Nada de eso, sin embargo, presupone la resolución del caso ni, por tanto, la culpabilidad del ex ministro. Tampoco debería ser un motivo para desa-creditar su política al frente (con el respaldo y la supervisión de Aznar y su equipo monclovita, eso sí) de la recuperación económica española. Entre otras cosas, aquello permitió a nuestro país formar parte desde el primer momento de la zona euro. Fue entonces una cuestión tan crucial como lo ha sido, más tarde, evitar el rescate por las instituciones de la Unión.

Por otro lado, el «asunto Rato» no tiene la misma gravedad, para el Partido Popular, que el «caso Gürtel» o el de Bárcenas. Estos atañen a la estructura misma del PP y a sus modos de financiación, mientras que es posible –si se quiere, claro– distinguir el primero de la propia organización. Los hechos protagonizados esta semana por Rato no están motivados por un caso de corrupción política. A pesar de todo, no se evitará la sombra devastadora que proyecta el caso de un personaje tan relevante sobre el partido que contribuyó a crear. Ante la pregunta inevitable de cómo es posible que hayan llegado a ocurrir cosas tan graves, sería conveniente responder, y deprisa, que se han creado las condiciones para hacer más difíciles casos como éste. El asunto está relacionado con la sensación, generalizada, de que durante mucho tiempo en la política de nuestro país se pudo hacer cualquier cosa y que los protagonistas políticos, y las personas cercanas, estaban convencidos que gozaban de plena impunidad: cualquier denuncia era política, claro... Dejar claro que se ha dado esta etapa por cerrada requiere un esfuerzo serio, que va más allá del de intentar no repetir los errores de comunicación que se cometieron en el «caso Bárcenas».

Por otro lado, los partidos políticos deberían ser los primeros interesados en tomar las medidas necesarias para acelerar los procedimientos judiciales. Resulta incomprensible que no se haga el esfuerzo político ni se realicen las inversiones necesarias para evitar que estos procesos acaben por desacreditar a los partidos y a las instituciones. La mejor forma de distanciarse de todo esto sería dejar claro que se quiere rapidez en la solución.