Sin complejos

Con motivo de la llegada a las administraciones locales y autonómicas de los partidos de la izquierda radical y de los antisistema tras las pasadas elecciones del mes de mayo, se vuelve a hablar de municipalizaciones, nacionalizaciones, e intervenciones en sectores económicos... por parte de estas nuevas autoridades locales.

Desde hace muchos años en los paises desarrollados se ha superado la vieja discusión acerca de las bondades de lo público «per se», y las maldades de lo privado por el hecho de serlo. Detrás de esa retórica de la vieja izquierda se encuentra la idea de que sólo desde lo público y con lo público se puede hacer justicia social y redistribuir la riqueza equitativamente, y que los privados y lo privado sólo persiguen el aprovechamiento, el beneficio para unos pocos a costa de explotar a los demás.

La consecuencia para los países que llevaron estos postulados hasta sus últimas consecuencias fue la creación de unas administraciones gigantescas, con una burocracia asfixiante, con una ausencia total de estímulos e incentivos para mejorar, un enquilosamiento y deterioro de los servicios públicos, un retraso (cuando no un atraso) económico, un empobrecimiento del país y, finalmente, una pérdida de libertades para sus ciudadanos, con ausencia de garantías y derechos para todos los que no comulgaran con esos planteamientos. Sólo tenemos que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de qué ha pasado y qué pasa en los países que siguen apostando por dichos planteamientos, algunos de los cuales, son puestos como ejemplo por estos nuevos partidos radicales y antisistema, sin que se les ponga la cara colorada ante la situación de deterioro de los servicios públicos básicos y la pobreza en que se encuentran los ciudadanos.

El argumento utilizado para descalificar lo privado es igual de antiguo y falaz como el utilizado para defender lo público. Lo privado sólo busca el beneficio, no el bienestar general ni la prosperidad de todos, y quien apoya esta posición desde lo público y para los servicios públicos sólo quiere favorecer el negocio de unos pocos, generalmente familiares o amigos.

Un análisis comparativo de los países que han optado por una u otra opción y de sus resultados refleja con claridad que los que optaron por un modelo radical de lo público y excluyente de lo privado son paises con mayor atraso, menos riqueza, menos libertades y peores servicios públicos y mayores diferencias entre sus ciudadanos. Por el contrario, allí donde se han introducido la libertad, la competencia, el estímulo, se ha favorecido el bienestar, la prosperidad, la libertad.

En nuestro país una parte importante de la izquierda tradicional instalada desde hace años en nuestras instituciones ha utilizado demagógicamente este discurso ante las dificultades económicas que ha generado la crisis para la inmensa mayoría de los ciudadanos, aderezado con el enfado por los casos de corrupción que han aparecido de manera reiterada en los últimos tiempos, para intentar, una vez más engañando y manipulando la realidad, conseguir el respaldo de los electores que no conseguían en las urnas.

Uno de los casos más claros de esta actitud ha sido la polémica suscitada en Madrid hace unos meses con la externalización de la gestión sanitaria de seis hospitales públicos. Con esta iniciativa sólo se buscaba una gestión más eficiente, que permitiera, manteniendo la titularidad del servicio público y la misma cartera de servicios sanitarios a prestar a los ciudadanos, (o incluso algunos más), hacer más con menos.

No se inventaba nada nuevo, ni se hacía nada que no estuviera permitido por la ley. Ya existen cuatro hospitales públicos en Madrid donde los ciudadanos reciben la misma atención que en los otros públicos,-más de treinta-, gestionados directamente. Y la ley contempla esta forma de gestión como una más de las posibles. Tanto es así, que en muchas otras regiones de España gobernadas por opciones de izquierdas, se contempla esta misma forma de gestión.

El juego combinado del discurso falso y demagógico de esta izquierda, con el apoyo de los medios de comunicación próximos a los mismos, los sindicatos afines escondidos en la llamada marea blanca, -en la que se refugiaban también los que pretendían la defensa de sus intereses particulares-, la instrumentalización de la justicia para impedir o dilatar la adopción de decisiones legítimas por el Gobierno de entonces, y los complejos de los partidos de centro derecha y de los medios más cercanos para confrontar esta demagogia, hicieron que se suspendiera su puesta en marcha.

Hace cinco meses, la Justicia se pronunció sobre la cuestión. El 30 de abril, el Tribunal Constitucional, desestimó el recurso interpuesto por el PSOE contra la decisión del Gobierno de Madrid recogida en la ley de acompañamiento 8/2012 para externalizar la gestión de esos seis hospitales. El tribunal señala que la Constitución no exige la gestión pública directa para este servicio, y añade que la utilización de esta forma de gestión no cuestiona el carácter público del mismo, cuya titularidad pública se preserva expresamente. Tampoco se vulnera la igualdad del acceso de los ciudadanos a la salud pública, y se deja en manos de los poderes públicos la definición de las prestaciones que tienen derecho a recibir los ciudadanos, y su financiación con fondos públicos.

El pronunciamiento del tribunal es claro y contundente, rechazando todos los argumentos y falacias que a lo largo de muchos meses se difundieron con gran profusión por parte de la izquierda y los medios afines. Curiosamente, pese a ello, el fallo ha pasado “desapercibido” para todos pese al interés que el asunto parecía tener entonces para el interés general.

Hace unos días, la CNMC, ha resuelto también las denuncias formuladas ante ella por el desaparecido UPyD, junto a sindicatos y demás actores en esta cuestión. De nuevo el fallo ha sido contundente al desestimar las acusaciones de los denunciantes, al entender que no hay prácticas contrarias a la competencia, ni infracciones de la ley, ni favoritismo para nadie. Reconoce a las CC AA la competencia para organizar los recursos sanitarios y elegir el modelo de gestión que considere más conveniente entre los previstos por la ley, donde se incluye la externalización.

Previamente, la Audiencia Nacional había sobreseido una querella interpuesta contra la decisión del gobierno de la comunidad, que intentaba convertir en penal una decisión administrativa como era la gestión de un servicio público.

De nuevo, la ausencia de información alguna sobre el desenlace final de esa agria polémica, presuntamente por la defensa de la legalidad y del interés de los ciudadanos.

Sería conveniente que algunos reflexionasen sobre el por qué de esto y las actitudes mantenidas durante y después del conflicto, la defensa de las convicciones con todos los medios al alcance, y de un proyecto que ha demostrado que trae prosperidad y progreso y que garantiza más que los otros el sostenimiento del bienestar general.