Trincheras vacías

Defender la intervención del Estado en la economía y afirmar que el mercado produce ineficiencias e inequidades insostenibles, es sinónimo de situarse en el centro de la diana de todas las críticas. Sin embargo, el 80% del incremento del PIB de la economía española en los últimos 10 años se ha concentrado en el capital. Tan sólo el 20% ha ido a parar a los bolsillos del factor trabajo.

Las consignas neoliberales tienen su fundamento en el siglo XX, en la construcción ideológico-económica del thatcherismo en Europa y el reaganismo en EE UU. En el nuevo siglo, Alemania ha sido la heredera directa de estas posiciones y, curiosamente, ha sido una ex comunista, la Sra. Merkel, quien ha impuesto un orden económico en el Viejo Continente como medicina para superar la crisis de 2008, que traerá consecuencias a varias generaciones.

La salida de la crisis no se ha basado en una mejora de la competitividad por la vía de la mejora tecnológica, la modernización y la innovación, a pesar de contar con el capital humano más formado de la historia de la humanidad. Se optó por un atajo, la reducción salarial que, además, era coherente con el mantra de que la rigidez salarial es la responsable de todos los males del sistema económico.

Como resultado, el peso de los salarios en el conjunto de la economía ha disminuido aproximadamente un punto del PIB desde el 2008. Es decir, la renta ha tendido a concentrarse en mayor medida en el factor capital y el trabajo ha recibido menos que su propia productividad. A esto se lo llama comúnmente aumento de la desigualdad.

Es algo que afecta a toda la población, la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado en la población española en 2,5 puntos, pero este incremento de la desigualdad afecta de manera especialmente grave a la población entre 16 y 29 años, cuyo riesgo de pobreza ha pasado del 18,3% al 29,6%.

Pero van aún más lejos las consecuencias para la generación «millennials». Como no se ponga remedio, ellos no cobrarán una pensión pública de jubilación. El sistema tiene varias debilidades: en primer lugar, la ratio de afiliados por pensionista ha caído a su nivel mínimo, en junio había 2,23 trabajadores cotizando por cada pensionista; en segundo lugar porque el número de pensiones crece aproximadamente a un 1% anual y, por último, la retribución media de cada nueva pensión aumenta con respecto a la remuneración de las que van desapareciendo. La sostenibilidad del sistema está en riesgo, menos cotizantes a menor salario cada uno para sostener un gasto creciente, es el resumen.

Sin embargo, nadie hace nada, ni ha pensado en nada. Esto sólo tiene dos explicaciones: o todos han renunciado al sistema público de pensiones o, lo más probable, algunos lo han hecho y los demás no se han enterado.

Sería un error buscar la solución aislando el sistema de pensiones del resto del sistema económico. La propuesta socialdemócrata debería ser valiente, porque el liberalismo radical sigue siendo fuerte, a pesar de que ha situado a la sociedad en una situación peor y más injusta que hace 10 años.

Se ha demonizado la intervención estatal, la explicación es sencilla: en esta batalla ideológica no había nadie en la otra trinchera, la de la socialdemocracia, y la inacción es la entrega del Estado de Bienestar a la ideología neocon.

Son necesarias políticas económicas reactivas, una distribución de la renta que mejore la situación del factor trabajo y un crecimiento de la demanda agregada en la que el consumo privado y el gasto público generen más y mejor crecimiento económico.