Un derecho constitucional

Barack Obama lo va a intentar. Para bien o para mal, prohibirlas está dentro de su ideología francamente estatista y de sus ínfulas de magno ingeniero social. Cada uno de estos horrores, a razón de aproximadamente uno por año, es una oportunidad para los que se oponen a esa llamativa peculiaridad americana del derecho constitucional a poseer armas. Unos trescientos millones para una población de 313. Una parte renunciaría de buen grado si los demás también son desarmados. Pero la mayoría, más allá del gusto por esos juguetes potencialmente letales, se aferra a ellos como un típico derecho de hombre libre, que se afirma siendo capaz de defenderse a sí mismo y que está reconocido en la Segunda Enmienda de la Constitución. La asociación nacional a la que muchos están afiliados se considera el grupo de presión más importante de Estados Unidos. Visto desde Europa, resulta exótico y difícil de comprender. El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima y por tanto debe contar con el monopolio de los instrumentos para ejercerla. En América es una tradición, para nosotros olvidada, pero por la que también pasamos. Las armas eran un privilegio de la nobleza, un estamento de origen guerrero. Las revoluciones que establecieron la igualdad ante la ley las pusieron al alcance jurídico del pueblo llano.