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Un frente de izquierdas destruiría 300.000 empleos y un 1% del PIB

La Razón
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El riesgo político ha sido analizado por economistas de todo el mundo. Fitzpatrick o Kobrin afirman que dicho riesgo reduce el crecimiento del PIB potencial, la calidad del empleo, el coste de financiación y hace que las inversiones se frenen o se limiten al muy corto plazo. Adicionalmente, Blanchard alertaba de los efectos negativos del intervencionismo y la rigidez en la creación de empleo. En España, el riesgo político hoy es desestabilizador y, además, intervencionista. Muy negativo. Lo peor para un país y su imagen internacional son amenazas a la inversión y creación de empleo que aumentan el riesgo.

Las coaliciones de perdedores siempre son débiles y negativas para la economía porque, históricamente, sólo se ponen de acuerdo en gastar. En la Unión Europea más de 20 países tienen Gobierno de coalición con el partido ganador, y eso se percibe como estable y positivo, puesto que reconoce la voluntad de los ciudadanos y refuerza los procesos de recuperación iniciados.

Una coalición cuyo único objetivo es desplazar al que ha ganado suele afectar negativamente al crecimiento y la actividad económica cuando sus objetivos buscan eliminar las reformas para aumentar el intervencionismo. Si además añadimos la locura de lanzar un proceso constituyente y referéndums separatistas, el impacto puede ser mucho mayor.

Un posible escenario, ante varios meses de incertidumbre y ninguna mayoría clara, supondría el frenazo de la inversión financiera directa y de la creación de empleo. Ya se había ralentizado ante las elecciones catalanas y generales. Las estimaciones más moderadas asumen un impacto de 0,5-0,7 por ciento en el crecimiento del PIB. Eso, sin considerar la secesión o cambiar todo el marco laboral, que supondría volver a un escenario de crisis.

La prima de riesgo ya se ha disparado comparada con la italiana ante el riesgo de una coalición con radicales. Teniendo en cuenta que aún contamos con el apoyo del Banco Central Europeo, no sería extraño que subiera mucho más si se aprueba un proceso rupturista.

Muchos piensan que el plan de estímulo del Banco Central elimina estos riesgos y que la política económica viene «dictada» desde Bruselas, y es incorrecto. Vean la política económica completamente opuesta en dos países rescatados, Grecia e Irlanda, uno en recesión y otro creciendo más que la media. No hay más que ver el desastre de las medidas populistas en Grecia o la coalición de perdedores en Portugal. O el estancamiento en que se sumió Italia con años de riesgo político. Además, ya lo vivimos entre 2008 y 2010 con el BCE comprando bonos españoles y enormes planes de estímulo. La prima de riesgo no sólo aumenta, sino que entra en juego un elemento que es mucho más importante: el acceso a refinanciación y crédito de empresas, sobre todo pymes y autónomos, se corta.

Si se confirma una coalición de perdedores con radicales, separatistas y antisistema, el resultado puede ser el retorno a la recesión. Es inasumible pensar que las inversiones crecerán y se contratará a largo plazo ante un entorno donde se cambia todo a peor. Según varias estimaciones, nos harían perder un 1 por ciento de PIB potencial y hasta destruir unos 300.000 empleos. La derogación de la reforma laboral e incluso el Estatuto de Trabajadores, un cambio de la Constitución y el planteamiento separatista supondrían una combinación letal para la confianza y la inversión, en un año especialmente difícil para la economía global.

El cálculo asume que, si se revierte la reforma laboral y las bonificaciones impositivas a la contratación implementadas en 2014 y 2015, alrededor de la mitad de los puestos de trabajo creados se destruirían por el encarecimiento de la contratación. Eso es antes de considerar ninguna ralentización de la actividad económica grave.

Los datos muestran que antes de la Reforma Laboral el empleo neto se creaba a partir de un crecimiento del PIB de 1,3 por ciento. Ese umbral descendió a finales de 2012 hasta el 0,6 por ciento y hoy se crea empleo neto a una tasa superior al doble de la correlación histórica.

El empleo ahora crece con mayor intensidad con menor crecimiento del PIB porque no viene de sectores endeudados y de baja productividad. Para un crecimiento del 1-2 por ciento, se crearían anualmente en la actualidad más de 150.000 empleos comparado con el periodo previo a la reforma. El crecimiento interanual de las afiliaciones a la Seguridad Social tiene una correlación con el crecimiento interanual del PIB, que es casi del 99 por ciento. Es por ello que la estimación de destrucción de empleo ante una caída del PIB potencial puede ser aún mayor si se elimina la reforma laboral.

Algunos economistas dicen que la creación de empleo no depende de la estabilidad política, y se equivocan. Pero, además, me parece de una falta de honestidad intelectual enorme asumir que grandes cambios en la legislación laboral no afectan al empleo, cuando la evidencia empírica mostrada en trabajos como el de Olivier Blanchard «Desempleo, shocks e instituciones», de 2004, muestran la relación directa entre aumento de la rigidez y del desempleo. No es una casualidad que los países que más rápido han reducido el paro son también aquellos que han demostrado ser más fiables.

España puede recaer en la recesión porque la recuperación precisa profundizar en las reformas para afianzarse. Derogar reformas e introducir cambios radicales puede llegar a afectar a la capacidad de financiación del país. Puede hasta reducir de manera drástica el acceso a crédito y, con toda seguridad, lo encarecerá. En algunos casos se ha visto que hasta en 300 puntos básicos.

Los inversores globales no tienen por qué arriesgar dinero en España o cualquier otro país si no se da estabilidad y confianza. No podemos correr el riesgo de que se considere un país donde es «imposible invertir».

En los últimos doce años, España ha perdido más de diez puestos en el índice de facilidad para crear empresas del Banco Mundial. Se ha recuperado parte en 2015. Debería ser una prioridad de gobierno alcanzar y superar la posición perdida. Una coalición de perdedores sólo la empeoraría, al centrarse en aumentar la rigidez y subir impuestos.