Un nuevo proceso penal

El «caso Guateque», al margen de su resultado final, supone la evidencia del fracaso de nuestro sistema penal, y la urgente necesidad de su total trasformación. La antigualla que supone el Juez de Instrucción, al margen de la mala praxis de algunos en concreto, debe ser superada. Se trata de un juez atrapado en el proceso penal actual que se mueve en una suerte de esquizofrenia determinada por su ansia de perseguir el delito con éxito, a la vez que es guardián de nuestras garantías constitucionales, las cuales además de una consecuencia de un estado de derecho, suponen límites a la investigación criminal que algunos pretenden ignorar. No es normal un proceso penal que enfrenta muy pronto a los concernidos frente a la acción penal, y resuelve tan tarde, sin un trámite específico que resuelva las posibles violaciones de derechos fundamentales producidas a través de la propia investigación penal. Es curioso como nuestra comunidad jurídica absorbe las algunas veces cuestionables sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que debemos comenzar a cuestionar su existencia, como de hecho se debate en Francia y Gran Bretaña, y a la vez que superamos auténticos dislates jurídicos en nuestros procedimientos penales. Tenemos que rechazar actuaciones judiciales, fiscales y policiales que en algunos casos distan mucho de una leal observancia de las garantías en el proceso penal, y cuyo esfuerzo posterior no se centra en la consecución de la verdad, sino en el combate frente al riesgo de una declaración de nulidades procedimentales como consecuencia de violaciones de los derechos fundamentales, y ello, maximizado por las constantes filtraciones que se producen a la prensa, poniendo en riesgo serio la persecución del delito. Cuando se produce una declaración de nulidad no es que inocentes al final vean constatada su presumida incidencia, sino que los auténticos culpables y responsables del delito se van de rositas, y ello gracias a la mala praxis santificada por actuaciones judidiales, sin que la fiscalía ejerza su genuina función, cumplir con el principio de legalidad. Nuestro actual juez de instrucción es una figura que cumplió su función en regímenes democráticos que superaban el viejo sistema expiatorio propio de la monarquía absolutista, donde lo importante era la consecución de la confesión al precio que fuera, pero hoy ya no se puede soportar más. A ello se le unen prácticas judiciales inspiradas en la persecucion de los delitos mafiosos italianos que se importan a la investigación penal española, especialmente en la lucha contra la corrupción, y lo único que se consigue es emborronar el buen trabajo policial. Insisto, cuando se declara la nulidad de un procedimiento por una mala praxis judicial o policial, no podemos asistir a un festejo, sino muy al contrario a un triste espectáculo deleznable en una democracia. Es paradójico el grado de escrupuloso cumplimiento y observancia de la legalidad que hemos aplicado a la lucha antiterrorista, y por el contrario, los errores que se cometen en la lucha contra la corrupción, donde, por ejemplo, una simple filtración a la prensa puede poner en cuestión toda una investigación penal, y ello, frente a la indolencia del sistema judicial.