Un ex alto cargo de Interior dice que "Lenin", comisario de confianza de Marlaska, le puso en contacto con la empresa de la "trama Koldo"

Daniel Belmar, ex subdirector general de Planificación de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha asegurado en la Audiencia Nacional -según fuentes jurídicas- que fue el comisario José Antonio Rodríguez González, "Lenin", ya jubilado y que fue hombre de confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska, quien le puso en contacto con Soluciones de Gestión, la empresa de la "trama Koldo" investigada por el reparto millonario de comisiones en adjudicaciones públicas para la adquisición de mascarillas en pandemia. Lo que le decía Rodríguez González, ha manifestado según las mismas fuentes, "era como si se lo dijese el ministro"

En su declaración como testigo ante el juez Ismael Moreno, Belmar -que fue el interlocutor de Interior con Soluciones de Gestión para la compra de un millón de mascarillas que el departamento de Marlaska debía devolver al Ministerio de Transportes, que se las había adelantado en plena escasez de material sanitario- ha afirmado que fue Rodríguez González, entonces director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, quien le facilitó el teléfono del empresario Iñigo Rotaeche, representante de Soluciones de Gestión, con quien se puso en contacto, aunque ha dicho desconocer por medio de quién había conseguido ese teléfono el comisario.

El testigo ha explicado que las actas de recepción las firmaron él mismo, de forma telemática, y Rotaeche, que impuso que del transporte del material una vez en España se encargase la empresa de logística Raminatrans.

En cuanto a las contradicciones en sus declaraciones ante la UCO sobre una supuesta reunión interministerial para decidir la empresa adjudicataria -a la que se refirió para después negarla-, Belmar ha dicho que aunque firmó esas declaraciones, no lo revisó. Y respecto a los correos intercambiados con Rotaeche, que ha aportado al Senado y sobre cuyo contenido ha informado LA RAZÓN, ha asegurado que no sabe si se borraron o cuando se jubiló. "¿Pero usted tiene los correos?", le ha preguntado entonces una acusación. "Algunos", ha contestado.

El ex alto cargo de Interior ha negado que Interior realizase pago anticipado alguno a Soluciones de Gestión, como si hizo Puertos del Estado, porque -ha recalcado según esas mismas fuentes- "es ilegal".

Rodríguez González aseguró el pasado 21 de febrero a la Guardia Civil en su declaración como testigo que no tuvo "ninguna participación" en la adjudicación y que se limitó a comentar a Belmar "algún organismo" dependiente de Fomento "estaba trayendo mascarillas de China". Según explicó, posiblemente fue Koldo García quien le sugirió a Soluciones de Gestión como posible adjudicataria y que "tal vez" él le dio el contacto de Iñigo Rotaeche.

A través del asesor de Ábalos, con el que dijo no tener "ningún tipo de vínculo laboral o profesional", supo que tenían una "ventana de oportunidad" para adquirir mascarillas de China, que podían adquirir una vez en España para la Secretaría de Estado de Seguridad a través de un contrato de emergencia.

El comisario reconoció que fue él quien contactó con la empresa, pero solo para saber si era factible el suministro, pero derivó en Belmar la responsabilidad de la decisión de adjudicarle el contrato.

Belmar intercambió varios correos con el empresario Iñigo Rotaeche, investigado en la causa, para el suministro de mascarillas a Interior. Unos mensajes que ponen de relieve que fue Koldo García quien fijó el precio de cada unidad y que Interior ni siquiera acudió al aeropuerto a la recepción del material sanitario.

El 26 de abril de 2020, el empresario trasladó a su interlocutor en Interior que el precio pactado por mascarilla (2,50 euros) había pasado a 2,81 euros por los «trámites aduaneros", lo que incrementaba los costes en más de un 6%, por lo que le pidió que el precio se "ajustase".

El alto cargo de Interior le recordó entonces que había tenido que tramitar "un expediente de emergencia" reclamando a Hacienda la cantidad necesaria para adquirir las mascarillas al precio acordado y que ese incremento de 30 céntimos por unidad "afectaban "al resto de las compras, que no se podrán pagar". "Esa cantidad, porque así lo había dicho Koldo, era de 2,50 más IVA. En ningún momento se habla de aduanas ni nada por el estilo", se quejó Belmar. "¿Esto lo hablaste con Koldo?", quiso saber.

Miranda carga contra la auditoría de Puente

Ante el juez también ha comparecido, en su caso como investigado, Michaux Miranda, exjefe de Personal de Adif imputado en el "caso Koldo", que ha negado tener con Koldo García, el entonces asesor del ministro Ábalos, una relación directa, como mantiene la UCO. En este sentido, ha dicho que no se reunión con él el 25 de octubre de 2023, tal y como asegura la Guardia Civil en sus informes. De hecho, ha recalcado que "no le conoce personalmente", aunque lo ha visto "tres veces".

Miranda, que fue destituido tras su imputación por el "caso Koldo", ha afirmado que fue la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien le facilitó el contacto de Rotaeche, que a su vez le había pasado a ella el en esas fechas presidente de Puertos del Estado Francisco Toledo.

Miranda ha cargado contra el informe de auditoría encargado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, para delimitar las responsabilidades en el "caso Koldo", y ha manifestado que "ni en forma ni en contenido" se trata de una auditoría. "Es un despropósito", ha dicho. Y ha recordado que cuando se entrevistaron con él para elaborar el dictamen le hicieron "preguntas capciosas" y no le dejaron revisar sus respuestas.

Según aseguró al juez Guillermo Martínez de Simón, secretario del Consejo de Administración de Adif, fue Miranda quien tomó la decisión de contratar con la empresa Soluciones de Gestión, aunque de esa resolución se dio cuenta al Consejo de Ministros.

El juez considera que tanto Miranda como el exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares o el que fuera subsecretario de Transportes Jesús Gómez García "podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas, sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos".

En cuanto al contrato con Adif, la UCO sostiene que fue Michaux Miranda quien asumió "un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados por Adif y la contratación pudiera llevarse a término". Aunque su equipo le avisó de que la contratación de Soluciones de Gestión podría entrañar un "mayor riesgo" (según ponen de relieve los correos intervenidos) por la "solvencia o riesgo de impago" frente a la oferta de otra empresa, Innjoo,la Guardia Civil destaca que el entonces responsable de Personal "recibió instrucciones para contratar con Soluciones de Gestión". La investigación apunta (tras el análisis de las intervenciones telefónicas) que tanto Miranda como Sánchez Manzanares "han podido vincularse directamente con Koldo García" y ponen de relieve que incluso tras su cese como ministro de Transportes, José Luis Ábalos mantuvo una "relación personal y directa" con altos cargos de su departamento, entre ellos el propio Miranda, a quien habría recurrido "para ejercer su influencia en asuntos de competencia de Adif".