Constitucional

Quizás hace tiempo fuese buena idea: lograr que cualquier sugerencia partidaria «creativa», por disparatada que fuese, amén de conveniente, pudiera convertirse en una ley «legítima» (valga la expresión, pero es que vivimos en esta clase de tiempos…). Algún cráneo privilegiado se iluminó y propuso: «Si el Tribunal Constitucional avala estas leyes que nos disponemos a perpetrar, todo será impecable, nadie nos podrá reprochar nada». Donde dice «reprochar» léase: «Ningún tribunal perteneciente de verdad al Poder Judicial será capaz de procesarnos por corrupción, dado que la más alta institución, el Tribunal Constitucional, aunque ni siquiera pertenezca al Poder Judicial, nos pondrá el «sello de calidad» constitucional homologado. Así, tanto las leyes como quienes las hemos elaborado, estaremos a salvo».

En efecto, si la próxima ley de Amnistía lleva un aval de «constitucionalidad», solo quedará algún recurso dirigido a tribunales europeos para elevar quejas que –confían quienes están redactando esta inminente ley– irán perdiendo fuerza con el paso del tiempo, que además transcurre en otra dimensión cuando se trata de resolver asuntos judiciales. Bueno. La ley de Amnistía tendrá la garantía del Constitucional, eso no lo duda nadie. Pero, llegados a este punto, el verdadero quid de la cuestión es que ya no importa en absoluto si dicha ley será o no constitucional. ¡Para nada! Quienes han convertido al Tribunal Constitucional en un órgano desacreditado y dudoso debieron sospechar que sus escandalosas maniobras políticas, relacionadas tanto con la futura ley de Amnistía como con el Tribunal Constitucional, lograrían lo que quizás nunca imaginaron como efecto secundario: deteriorar el marco legal, pervertirlo de manera que la imagen pública de ese tribunal, que antaño mantuvo aura de divina infalibilidad (siempre presumible), y que no debería existir siquiera, sea hoy ciertamente lamentable, patética… Con lo que su previsible «beneplácito» solo contribuirá a que la ciudadanía mire la ley de Amnistía con recelo justificado, como algo que trasciende el debate constitucional. A estas alturas, que la futura Ley de Amnistía sea o no constitucional, a casi toda «la gente» le importa un soberano bledo. (Se llama «Poder Popular»).