Corrupción española, preocupación europea

Puedo confirmar aquí y ahora lo que, entre perplejos y anonadados me apuntaban hace días los agregados de prensa de dos embajadas acreditadas en España y de países no precisamente menores –uno europeo y el otro latinoamericano– a propósito del marasmo de informaciones sobre presuntas corruptelas en el entorno del Gobierno y del partido que lo sustenta, a lo que viene a añadirse la vertiente sainetera radiotelevisada esta misma semana con Leire Díez, prima donna de la semana y voraz lectora del manual «el periodista en casa». «Los informes que se remiten a nuestros gobiernos sobre lo que ocurre en este país no son precisamente para reír». Algo que ya no sorprende teniendo en cuenta que en la Unión Europea existe una creciente preocupación por el descenso en los estándares democráticos de algunos países socios debido a una corrupción a veces bananera que ya no se ciñe solo a determinados estados del este. De igual manera, que el Gobierno y el círculo más cercano a su presidente sabían desde hace semanas de la filtración de wasaps en los que se vertían consideraciones del jefe del ejecutivo sobre algunos de sus colaboradores de todo menos bonitas, hecho innegable que se corresponde con el intento desde la «fábrica de ideas» de la Moncloa por tejer una estrategia destinada a desviar la atención de algo que esta preocupando y mucho a ese PSOE hasta antes de ayer tan confortable bajo la sombra sanchista.

El Consejo de Europa ya señala al Gobierno español por no aplicar ni una sola entre las 19 recomendaciones sobre corrupción e integridad y transparencia en la gestión de lo público. El informe de el «Greco» –grupo de estados contra la corrupción– ha sido claro y meridiano a la hora de señalar al ejecutivo español, no solo por hacer oídos sordos a las recomendaciones sobre asesores y funciones ejecutivas de nivel, sino por no modificar el criterio de elección de fiscal general desligando su figura del gobierno de turno. La UE mira a España cada vez más escamada, no solo por el descenso en los estándares de salubridad democrática, sino por un manifiesto enroque en la actitud del ejecutivo frente a casos investigados por la justicia de todos conocidos. Señalar a los jueces, a la UCO o a la «ultraderecha» puede vender ante la feligresía más cafetera, pero en Europa no tiene un pase.