En 1980 los empleados públicos en España apenas superaban las setecientas mil personas. Hoy caminamos con paso firme hacia los cuatro millones. Los servicios públicos no han mejorado, sino que claramente han empeorado. Los dos millones y pico de empleados públicos que sobran se han inventado para justificar su sueldo las más enrevesadas trabas burocráticas, claramente innecesarias y que se pagan subiendo los impuestos a los españoles que trabajan. Es duro decir esto, pero la verdad nos hace libres. No sólo España padece la crecida incontenible del empleo público. Margaret Thatcher se mostró hostil a determinados aspectos de las nuevas instituciones europeas porque multiplicarían la burocracia. En sus memorias la exprimera ministra se mostró especialmente explícita.

Hay un ejemplo reciente de lo que significa la opresión burocrática. La obra de reformas en un edificio histórico se hubiera concluido en seis meses. Ha tardado seis años por las interminables gestiones que se tuvieron que hacer con las tres administraciones. Tal vez la principal queja de los agricultores asfixiados consiste en la dificultad con que se enfrentan para superar los obstáculos burocráticos, cada año más espesos.

Lo que caracteriza a la clase política española no es la corrupción, sino la mediocridad y la incompetencia. Hay políticos, mujeres y hombres, excelentes y la justicia exige reconocerlo hoy. No caigamos en la generalización que fractura la objetividad intelectual. Pero lo que predomina entre muchos políticos es la vulgaridad y la incapacidad. Se multiplican los controles innecesarios, las gestiones interminables, la insufrible caravana de las trabas, cada vez que un empresario privado trata de poner en marcha alguna operación beneficiosa para todos, una empresa necesaria, una iniciativa conveniente.

Desde hace algún tiempo, cuando me pregunta algún medio extranjero por los mayores problemas de la nación española, mi respuesta es inevitable: «Caminamos aceleradamente hacia la dictadura burocrática». Las imposiciones de las tres Administraciones suponen una carga inaguantable para la ciudadanía española. El funcionario mediocre disfruta además haciendo sufrir al ciudadano privado y emprendedor que pretende llevar adelante sus iniciativas.

Luis María Anson, de la Real Academia Española