Política

155: Aplicación del Estado de derecho

El Consejo de Ministros ha dado ayer curso a las previsiones del artículo 155 de la Constitución. Se trata de un hecho excepcional, apenas esbozado en 1989 por Felipe González, tras el desencuentro fiscal con Canarias, cuya trascendencia para la democracia española no conviene minusvalorar. Pero, como bien saben todos los ciudadanos, se trata de una medida absolutamente necesaria para garantizar esa misma democracia, que el Gobierno rebelde de la Generalitat de Cataluña ha pretendido destruir. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha tratado por todos los medios de hacer entrar en razón a Carles Puigdemont, aún a costa de la crítica de muchos sectores sociales que creían ver debilidad donde sólo había prudencia y sentido, y eso es algo que también saben todos los españoles. Porque, no nos engañemos, la aplicación del artículo 155 en Cataluña supone la asunción de una grave responsabilidad política por parte del Gobierno de la Nación, por tratarse, como señaló el Tribunal Constitucional, de una medida «de último recurso». Sin embargo, llegados a este punto, no le ha temblado el ánimo a Mariano Rajoy, dispuesto a cumplir con los deberes de su cargo, sean cuales sean las circunstancias. El momento para España es grave, pero los ciudadanos deben tener la seguridad de que desde el Gobierno, y desde los propios partidos de la oposición que le respaldan, se ha actuado conforme a las leyes de nuestro Estado de Derecho para restaurar la legalidad en Cataluña y defender las libertades y intereses superiores de todos los españoles, fundamentalmente de los catalanes, gravemente amenazados por la actitud incalificable del Gobierno de Puigdemont y de sus cómplices. Ellos, y sus oportunistas aliados de Podemos, podrán extender la cantinela del supuesto golpe a los derechos de Cataluña y mantener la miserable mentira, –una más de las que han cimentado el proceso secesionista–, de una España filofranquista que retrocede en el tiempo. Pero no es cierto. Los únicos responsables de lo ocurrido son aquellos que, parapetados detrás de un muro de falsedades, se han saltado la Constitución, el Estatuto de Autonomía y sus propios deberes para con la Nación española y la sociedad a la que representan. Gente desleal que no ha tenido el menor empacho en pasar por encima de la Ley y en utilizar los instrumentos políticos, institucionales y administrativos que el Estado había puesto en sus manos para atacar la esencia misma de España y hacer capirotes de la soberanía de los españoles. Era, pues, irrenunciable para el Gobierno recurrir a esa última ratio del artículo 155 para devolver el imperio de la Ley a Cataluña, recuperar la normal convivencia de sus ciudadanos y, como señaló el presidente del Gobierno, volver a la senda del crecimiento económico, puesto en gravísimo riesgo por las acciones de los separatistas, con la consecuencia del empobrecimiento de la población, sobre todo de la parte más expuesta a los rigores de un descalabro del mercado de trabajo. Por supuesto, no pretendemos edulcorar en modo alguno el alcance de las medidas de intervención solicitadas al Senado por el Consejo de Ministros ya que tienen el suficiente alcance para hablar por sí solas. Pero, al mismo tiempo, sí debemos resaltar que se ha tratado de reducir al máximo la actuación sobre los órganos administrativos de la Generalitat, que seguirán funcionando como hasta ahora, siempre que se ajusten a los mandatos constitucionales, al respeto a la legalidad y al principio de lealtad para con el conjunto de la nación. Es cierto que el control de las consejerías de la Generalitat por parte de los correspondientes ministerios del Gobierno supone la intervención, entre otros, de la Policía Autonómica y de los medios de comunicación públicos, pero a todos los efectos, sólo cambia en el sentido del recto cumplimiento de sus obligaciones. Dicho más claramente, la televisión y la radio pública tendrán que adecuarse a las exigencias de objetividad, pluralidad, verdad y neutralidad política que recogen sus estatutos y ya no podrán actuar como punta de lanza y máquina propagandística del separatismo. Lo mismo reza para los Mossos, cuya pasividad en el cumplimiento de los requerimiento judiciales el pasado 1 de octubre raya en la sedición. Las medidas solicitadas al Senado, como no podía ser de otra forma, también afectan al Parlamento autonómico, que ha sido utilizado sin pudor por los independentistas para dar cobertura legal al golpe de Estado contra la democracia española y cuyos máximos responsables, empezando por la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, no han tenido la menor prevención a la hora de pulverizar las propias normas reglamentarias y violentar los derechos políticos de los grupos parlamentarios de la oposición. Por último, y no menos importante, la aplicación del 155 se impone un límite temporal de seis meses, plazo en el que el Gobierno y los partidos que le respaldan, PSOE y Ciudadanos, consideran que se habrá normalizado la situación en Cataluña y podrán celebrarse unas elecciones auténticamente libres y democráticas, en las que recuperen la voz la mayoría de los ciudadanos silenciados y despreciados por los responsables del proceso secesionista. Es de esperar que, enfrentados al inevitable y mil veces advertido fracaso de su intentona golpista, los actuales dirigentes de la Generalitat y de los partidos que la apoyan se avengan a la razón y, al menos, contribuyan desde la mínima prudencia a no complicar más la ya de por sí difícil situación. Los ciudadanos necesitan salir cuanto antes de esta agonía, que no beneficia absolutamente a nadie.

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