A Puigdemont le espera un tribunal

Mañana, 30 de octubre, se cumple un año de la fuga de España y la llegada a Bélgica del expresidente catalán, Carles Puigdemont, después de que decidiera abandonar a algunos de sus compañeros de gabinete y varios conmilitones en la insurrección separatista para no rendir cuentas sobre sus conductas ante los tribunales. Puigdemont tenía preparado un plan de fuga con sus más estrechos colaboradores. En cuanto la Justicia anunció la querella por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, el que fuera principal promotor del ataque al orden constitucional puso tierra de por medio junto a otros cinco miembros de su gabinete. En este año, Puigdemont se ha mantenido fuera del alcance de los tribunales del país gracias no sólo a la colaboración de las fuerzas más reaccionarias y minoritarias de Europa, especialmente de Bélgica, sino sobre todo a la incalificable respuesta de un tribunal regional alemán y de la justicia belga, que han dado cobertura e impunidad al presunto responsable de delitos gravísimos que llevaron a Cataluña a un conflicto que pudo acarrear consecuencias muy dolorosas que todavía arrastramos, mientras han dado la espalda a una democracia plena como la española con un sistema penal y judicial del máximo nivel y de absoluta garantía. Sin euroórdenes de por medio para no frustrar el proceso, desde su residencia en Waterloo, Puigdemont mantiene el control de la estrategia separatista con el títere que colocó en la Presidencia de Cataluña y la lealtad de un puñado de fieles a esa causa que les permite gozar de un espléndido nivel de vida a costa del erario público y del presente y el futuro de los catalanes. Su contumacia en sobresalir como caudillo del movimiento ha provocado tensiones y fracturas en el independentismo cada día más visibles e incontrolables. Sobre todo con ERC, cuyos principales líderes han digerido mal su estancia en prisión y que el cabecilla se escapara a hurtadillas en un ejemplo de cobardía y deslealtad políticas que quedan ya para la historia. Puigdemont se siente seguro y su aventura belga no deja de ser una dolorosa espina en el costado para nuestro Estado de Derecho y por extensión para Europa. Pero conviene no dejarse llevar por las emociones más de lo debido ni dar por buena la propaganda separatista. Carles Puigdemont disfruta de una libertad, de un estatus privilegiado, que nada ni nadie le asegura que se perpetúen en el tiempo. Tendrán que pasar 20 años antes de que prescriba el delito de rebelión, y son demasiados años como para estar seguro de que no acabará por sentarse en el banquillo. LA RAZÓN publica hoy que el prófugo piensa que su decisión de huir fue la más correcta, que puede revertir el resultado del proceso judicial en España con una resolución de la Justicia comunitaria, que su estrategia ha proporcionado «más beneficios» que perjuicios a los políticos encarcelados, que entienden perfectamente su decisión, y que todo lo ha hecho por Cataluña, porque, si fuera por él, «estaría en casa» –más bien, en la cárcel–. Si lo piensa de verdad, demuestra hasta que punto está alejado de la realidad; si es todo puro teatro, como pensamos, sólo prueba el grado de indignidad y de desvergüenza que puede alcanzarse. En todo caso, y por más que el Gobierno se dedique a importunar al Supremo, la democracia española no puede permitirse ni resignarse a que el autor intelectual y material de uno de los ataque más graves y dañinos contra nuestras libertades esquive responder por sus actos ante un tribunal. No sería propio de un Estado de Derecho que se precie en el siglo XXI. Resultaría desolador.