Acoso a la independencia fiscal

El respeto a la independencia del Poder Judicial no puede sostenerse en el simple refrendo declamativo, sino que exige, especialmente de los representantes de los otros dos poderes del Estado, un compromiso real, por encima de los intereses de partido. Y en este sentido, el espectáculo vivido estos dos últimos días en el ámbito parlamentario tras una actuación fiscal, cuando menos, discutible merece el reproche de una sociedad que no está capacitada, ni, por supuesto, obligada a discernir cuando acaba la función puramente jurisdiccional de los fiscales y cuando empieza la normal controversia interna de un organismo integrado por profesionales y no por máquinas jurídicas. Lo mínimo exigible a nuestros representantes políticos es que no aprovechen unas diferencias de criterio en unos asuntos de procedimiento, de los que, por lo visto y oído, no entienden demasiado, para robustecer su campaña de acoso y derribo al Gobierno a cuenta de los casos de corrupción, dado que no parece que tengan otros argumentos políticos y económicos con los que armar su labor opositora. Más aún, cuando este ruido de fondo, ciertamente distorsionador, proyecta en el conjunto de los ciudadanos la idea de que la Justicia y, por ende, los profesionales que la representan, se deben a obediencias extrañas y no a la aplicación estricta y ecuánime de la Ley. Esta siembra irresponsable de la desconfianza, que no se para siquiera en la evidencia de los hechos, es uno de los peores servicios que se puede hacer a una sociedad democrática. Ayer, ante la Comisión de Justicia del Congreso, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tuvo que poner los puntos sobre las íes a unos diputados que habían sacado conclusiones apresuradas y erróneas sobre el los cambios en la Fiscalía Anticorrupción, pese a lo cual exigían dimisiones en cascada y lanzaban graves acusaciones de injerencia gubernamental en la Justicia. No queremos caer en el mismo error de pontificar sobre unas actuaciones fiscales sujetas a múltiples factores, pero sí parece lógico que el nuevo responsable de la Fiscalía Anticorrupción tenga margen de maniobra para organizar internamente su sección, especialmente si lo que pretende, como es el caso, es unificar criterios y acabar con la creciente anomalía de las filtraciones parciales de unos sumarios declarados secretos, con el grave daño que supone para los encausados. Aunque lo medios de comunicación no debemos eludir la parte de responsabilidad que nos toca, muchos de los juicios paralelos, con su rosario de causas prejuzgadas, «penas del telediario» y daños a la imagen de los justiciables de difícil reparación, no tendrían lugar si en los distintos organismos implicados –las fiscalías, los jueces de Instrucción y los Cuerpos de Seguridad del Estado– se extremara el celo en la defensa de la presunción de inocencia, que es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se hace flaco favor a la Justicia cuando se hacen públicas las simples conjeturas investigativas, sin el menor apoyo probatorio, pero con la presunción de veracidad que el ciudadano atribuye a estos funcionarios. Dicho lo cual, tanto los fiscales como los jueces tienen el más absoluto derecho a trabajar sin presiones externas de ningún tipo, sólo sujetos a las normas procesales. Así ocurre en la inmensa mayoría de las actuaciones judiciales que se llevan a cabo en España, uno de los países del mundo más seguros y libres en todos los aspectos, precisamente, gracias a la profesionalidad y eficacia de nuestro sistema judicial. Así debería ser en todos los casos, por más mediáticos que resulten o por más munición partidista que encierren en sí mismos.