Opinión

Alaya emplaza al Supremo

La Razón
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La juez Mercedes Alaya ha elevado al Tribunal Supremo la causa de los ERE fraudulentos, al pesar indicios de responsabilidad criminal contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía que actualmente gozan de aforamiento. La juez, con el respaldo de la Audiencia Provincial, se había negado a trocear un caso que presenta todas las características de una trama organizada, en la que las decisiones se tomaban en cascada. A nadie se le escapa que, de confirmarse por el Alto Tribunal la tesis de la magistrada, nos hallamos ante uno de los procesos de corrupción política más graves de la reciente historia de España. Y no sólo por la cantidad de dinero público defraudado o destinado a fines espurios –los expedientes investigados refieren transferencias sospechosas por valor de 709 millones de euros–, sino porque implica unas prácticas administrativas ideadas «ex profeso» para eludir el control de la Intervención General, precisamente por quienes más obligados estaban a cumplir la Ley. Han sido más de tres años de una instrucción –recogida en 300.000 folios– sistemáticamente entorpecida desde la Junta de Andalucía, culminada gracias a la determinación de una mujer sobre la que se han vertido todo tipo de injurias que, lejos de amilanarla, le han servido de acicate. Como en todo procedimiento judicial, puede suceder que otras instancias, otros jueces igualmente comprometidos con la Justicia como Mercedes Alaya, discrepen en la interpretación de los hechos o en la valoración de los indicios, meticulosamente aportados. Pero cualquiera que sea el resultado final del proceso, ya nada podrá borrar del imaginario popular español el espectáculo de algunas conductas, de individuos surgidos de un «patio de Monipodio» que creíamos ficción, lucrándose sin el menor reparo con unos fondos destinados a paliar dolorosas situaciones sociales. Pero la causa de los ERE no se entiende sin el marco histórico de donde ha surgido: la hegemonía mantenida durante tres décadas por un partido político, en este caso el PSOE de Andalucía, que llegó a identificar los intereses generales con los suyos propios. La lista de los 201 imputados por la juez Alaya es reveladora de las imbricaciones entre lo público y lo privado que denunciamos: dos ex presidentes de la Junta de Andalucía –Manuel Chaves y José Antonio Griñán–, ocho ex consejeros, diez ex viceconsejeros, una veintena de directores generales o responsables de agencias públicas, dirigentes de los sindicatos UGT y CC OO, sindicalistas, alcaldes, concejales y empresarios conforman esa sospechosa trama, ayer elevada al Tribunal Supremo. Son, en efecto, muchos los nombres implicados, sobre los que siempre ha de pesar la presunción de inocencia. Razón de más para exigir de los magistrados que decidan a la mayor brevedad posible.