Albert Rivera o el mal ejemplo de un adalid de la moral pública

Que las asignaciones económicas que los ayuntamientos españoles destinan al funcionamiento de los distintos grupos municipales no pueden ser utilizadas para la financiación de los partidos políticos es una disposición recogida en el artículo 73 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. De hecho, ese dinero público debe consignarse en una cuenta bancaria específica de cada grupo, con un NIF propio proporcionado por Hacienda, y no puede tener otra finalidad que la de subvenir a los gastos corrientes de la gestión municipal. Ni puede utilizarse para complementar salarios ni puede trasferirse a los fondos de un partido político ni a fundaciones u otros organismos relacionados con un partido político. Sin embargo, tal y como ha revelado LA RAZÓN, eso es lo que viene haciendo desde hace meses Ciudadanos en las ciudades de más de 50.000 habitantes donde tiene representación, con un «modus operandi» que deja poco lugar a interpretaciones favorables hacia los gestores del partido naranja: se obliga a los concejales a ingresar las asignaciones municipales a las cuentas bancarias que controlan desde Madrid el vicesecretario y número dos del Ciudadanos, José Manuel Villegas, y el secretario de Finanzas, Carlos Cuadrado. La conminación a sus cargos electos se hizo por escrito y declarando paladinamente que la finalidad buscada era «el desenvolvimiento de la actividad propia» del partido. Es decir, el pago, entre otros gastos, de las campañas electorales. No hay, pues, excusa ni error en una actuación que contraviene la legislación vigente,pues supone convertir las haciendas locales en financiadoras directas de una formación política. El asunto tiene evidente gravedad por sí mismo y debería ser investigado por la Fiscalía, pues no en vano la financiación ilegal de un partido es un delito desde la última reforma legislativa impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, dentro de su amplio paquete de medidas para luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia de las cuentas públicas. Por supuesto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en lugar de buscar excusas peregrinas debería poner fin de inmediato a estas prácticas de «financiación imaginativa», con independencia de que las distintas corporaciones municipales tomen cartas en el asunto. No es de recibo que de los 43.000 euros que recibió el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid como asignación, sólo haya destinado 3.000 euros para gastos imputables a su actividad. No es posible obviar que se trata de dinero público, procedente de los impuestos que pagan unos contribuyentes a los que les asiste todo el derecho a saber a qué se dedican sus esfuerzos. Si el grupo que preside Begoña Villacís demuestra que puede funcionar con sólo 3.000 euros, parece razonable que sea esta cantidad la asignación que debería concedérsele ya que no están los tiempos para despilfarros. La cuestión se agrava si tenemos en cuenta que el partido que la protagoniza se presenta ante la opinión pública como adalid de la transparencia y las buenas prácticas y azote de corruptelas, incluso condicionando los acuerdos de Gobierno a la expulsión de cualquier representante político que se halle incurso en una investigación, por débiles que sean los indicios y en desprecio al principio de la presunción de inocencia. Quien pone el listón de la moralidad tan alto está más obligado a predicar con el ejemplo.