Algeciras no puede ser Lampedusa

Los 87 inmigrantes del barco Open Arms, en el que viajaban también doce menores, ya están en Algeciras. Todos ellos tendrán el mismo tratamiento que habrían recibido si hubieran llegado a nuestras costas en patera o por otra vía ilegal. Esto es, podrán pedir asilo pero serán devueltos a sus países de origen si se demuestra que se trata de migrantes económicos. No hace ni dos meses, el 17 de junio, el Gobierno concedió un permiso de entrada extraordinario de 45 días de duración por motivos humanitarios a los 629 que atracaron en Valencia a bordo del «Aquarius». ¿Dónde ha quedado aquel trato especial? ¿Qué ha sucedido para que las circunstancias hayan cambiado tanto? La respuesta es que se ha impuesto el sentido común. Nadie duda de las buenas intenciones que llevaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aceptar el «Aquarius», pero todo apunta a que el líder socialista ya ha tenido tiempo para comprobar en carne propia lo que es la «realpolitik». O, lo que es lo mismo, que gobernar es sinónimo de la asunción de decisiones difíciles, incluso incómodas y de difícil venta ante la opinión pública, pero imprescindibles si de lo que se trata es de gestionar el país con cabeza y responsabilidad en el marco europeo de legalidad que es al que se debe España.

A estas alturas, parece claro que se ha producido un efecto llamada tras la llegada al poder de Sánchez vía moción de censura. Sus anuncios sobre el restablecimiento de la sanidad universal o el fin de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, por poner sólo dos ejemplos, tuvieron un impacto entre la población subsahariana cuyo resultado seguimos viendo en nuestras costas. Los «papeles para todos» se antojan una quimera que sólo alimenta las mafias y frustra a aquellos que sólo desean una vida mejor y acaban en el peor de los casos en el fondo del Mediterráneo.

A buen seguro que este fin de semana Pedro Sánchez hablará largo y tendido con la canciller alemana, Angela Merkel, en el encuentro que ambos mantendrán en Doñana. Deben hacerlo porque los enormes desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea pasan necesariamente por la gestión de la inmigración y esto sólo se podrá abordar de manera sostenible cuando la estrategia sea común. La solidaridad, ese valor que sirvió de amalgama para la constitución del club europeo, ha de guiar los pasos a seguir, una circunstancia que también se circunscribe a España. El Gobierno tiene el deber de garantizar que el peso de esta crisis se comparte entre las distintas comunidades autónomas. Algeciras no puede ser la nueva Lampedusa. El problema es de todos porque todos compartimos patria y nadie puede ponerse de perfil en un asunto de semejante envergadura. Tenía razón ayer el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, cuando se quejaba de que la última Conferencia Sectorial de Migraciones celebrada el lunes en Madrid no arregló nada. En el primer semestre del año han llegado a las costas andaluzas 3.700 menores y la carga del esfuerzo se ha circunscrito a las distintas administraciones de esa comunidad autónoma.

El Gobierno tiene pues el deber de ponerse manos a la obra para atajar una problemática que no va a desaparecer por muchos barcos que acoja. Más bien al contrario. Es necesaria la adopción de una política integral que combine la defensa de nuestras fronteras con el respeto por la dignidad y la vida humanas. Si nos empeñamos en no colaborar con los países de origen de los migrantes, si continuamos ignorando las llamadas de auxilio de Marruecos, estaremos perpetuando unas circunstancias que pueden provocar cambios quizá irreversibles en nuestro país como ha ocurrido en otras naciones europeas.