Bruselas no se cree a Sánchez

La Comisión Europea no se cree las cifras económicas del Gobierno. Esta es la evidente conclusión, pese a la suavidad del tono, de las previsiones que ayer presentó el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, sobre el crecimiento del PIB, el porcentaje del déficit, la inflación, el desempleo y la Deuda Pública para los ejercicios de 2018,2019 y 2020. En todos los casos, Bruselas corrige a la baja los datos remitidos por La Moncloa por entender excesivamente optimistas los previstos ingresos fiscales de los nuevos impuestos medioambientales y a las transacciones financieras incluidos por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez en el borrador de presupuestos. Y no sólo. La Comisión alerta de las consecuencias negativas para la creación de empleo del nuevo Salario Mínimo Interprofesional y señala que aunque la economía española seguirá creciendo a mayor ritmo que el resto de las principales de Europa, hay síntomas claros de desaceleración. No es la primera vez que Bruselas disiente de las cuentas patrias desde que nuestro país firmó los acuerdos de estabilidad y equilibrio presupuestario y que éstas, al final, acababan por dar la razón a las previsiones de Madrid, pero la situación actual presenta diferencias de fondo que llaman a la suspicacia. En primer lugar, porque el crecimiento extraordinario registrado durante los últimos gobiernos del Partido Popular vino ayudado de una coyuntura exterior favorable, con bajos precios de la energía, tipos de interés negativos, un euro más débil y un ajuste salarial que propició un notable incremento de la productividad, con altos crecimientos del sector exterior. Elementos, todos ellos, que no desmerecen la política económica desarrollada por los citados gobiernos, pero que han cambiado de signo. En segundo lugar, porque la elaboración de los Presupuestos del Estado no venía condicionada por el afán de gasto de los socios comunistas de Pedro Sánchez, para quienes las cuentas públicas se deben más a una finalidad clientelar, de beneficio electoralista, que a la gestión realista de los ingresos del Estado. Este cambio en las circunstancias exteriores, con el precio del petróleo camino de los máximos de la década, un euro al alza, el previsto final de los estímulos financieros y un horizonte de mayores turbulencias para el comercio internacional es lo que, sin duda, ha tenido en cuenta Bruselas al hacer sus recomendaciones. Si ya es un hecho el deterioro de la balanza comercial, si ya comienzan a percibirse las señales de desaceleración del turismo y de la producción industrial, es lógico que se advierta al Gobierno sobre la debilidad de sus previsiones fiscales. Más aún, cuando un incremento excesivo de la presión impositiva sobre empresas y clases medias, que son siempre las más afectadas, reduce el consumo interno y traba la creación de empleo. Por otra parte, y a tenor de la reacción de los portavoces gubernamentales, no conviene confundir el tono mesurado, casi amable, de la reconvención europea con su fondo. Bruselas está muy preocupada con la situación de Italia, que parece enconada ante la insistencia del nuevo Gobierno populista de Roma en elevar el gasto público sobre una previsión de ingresos demasiado voluntarista, como para indisponerse con otros socios que, de momento, se declaran dispuestos a cumplir los compromisos contraídos. En el caso de España con más razón, una vez que las autoridades comunitarias saben de las dificultades del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar su proyecto de PGE y la alta probabilidad de que se deban prorrogar los actuales, que, pese a la intención declarada del presidente de elevar el gasto por la vía de los decretos, sí cumplen con la previsiones de Bruselas y siguen propiciando un crecimiento sostenido.