Cálculo político de Artur Mas

La Razón
La RazónLa Razón

Artur Mas, el presidente de la Generalitat, fue entrevistado ayer por la noche en la televisión oficial autonómica catalana con la convocatoria de la consulta como principal asunto a tratar. De sus respuestas se pueden obtener dos certezas: que no cree que el referéndum independentista pueda llegar a celebrarse y que, en consecuencia, su Gobierno estará abocado a convocar elecciones anticipadas, de carácter plebiscitario. De ahí que reconociera paladinamente que no había nada previsto sobre las normas que regirían el proceso, ni el sistema de recuento, ni los mínimos de participación. El resto de sus palabras, reiterando los argumentos víctimistas ya conocidos, apenas aportaron novedades: que estaría dispuesto a negociar con el Gobierno central cualquier fórmula de encaje con España, siempre que se dotara a Cataluña de instrumentos de Estado, y que las dos preguntas de la papeleta fueron idea exclusivamente suya, sin ayuda de nadie. Sólo se alteró, desviando la cuestión, cuando uno de los entrevistadores hizo referencia a «la soberanía del pueblo español». Queda claro que Artur Mas mantiene su apuesta, aún sabiendo que se trata de un camino que no lleva a ninguna parte, y que tratará de hacer legislar al Parlament una disposición que le atribuya potestad para la convocatoria del referéndum, llevando la estrategia de la tensión al máximo, haciendo equilibrios al filo de la legalidad, pero sin propiciar una inhabilitación que le impediría presentarse a las elecciones y obtener los esperados réditos de su conducta. Cálculos que pueden venirse abajo en cuanto la sociedad catalana advierta hasta qué punto está siendo manipulada. Y corre el riesgo de tropezar, además, con el Código Penal. En este sentido, haría bien Artur Mas en no desdeñar el aviso a navegantes que subyace tras el anuncio de la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, de que está estudiando con Hacienda si conviene impugnar los Presupuestos catalanes, tras la inclusión en los mismos de una partida para la consulta independentista. Aunque, con sentido de Estado, Sánchez-Camacho anteponga las necesidades generales de España, empeñada en la reducción del déficit público, no cabe duda de que la inconstitucionalidad sobrevenida en el caso de que se convocara la consulta tendría un precedente judicialmente muy significativo en la aprobación de la citada partida. Entre otras cuestiones, porque permite señalar la premeditación en la comisión del delito, con la contundencia de un texto legal como son unos presupuestos generales, en este caso autonómicos. El juego de la política, de la mala política, termina cuando se produce un acto positivo susceptible de llegar a los tribunales. Las leyes obligan a todos, también, y en mayor medida, al presidente de una comunidad autónoma.